El Gobierno canario insiste en apelar a los partidos para regenerar el Ayuntamiento de Telde
El Gobierno de Canarias defendió este viernes que sean los partidos políticos a través de los grupos municipales los que regeneren el Ayuntamiento de Telde y “sólo si la corporación no se recompone habría que plantearse la creación de una gestora municipal”.
En un comunicado oficial, la Presidencia del Gobierno de Canarias indica que “antes de recurrir a las vías excepcionales, se han de agotar las posibilidades de las vías ordinarias” para resolver la situación de ingobernabilidad generada por la imputación del alcalde, del Partido Popular (PP), y ocho concejales, siete conservadores y uno de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra. El Gobierno canario ya comunicó al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, su criterio sobre la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento y, desde las mismas fuentes, señalaron que el “estado de descrédito e inestabilidad” de Telde merecen “la reprobación y repulsa de todas las personas, entidades e instituciones comprometidas con la honestidad, la justicia y el buen gobierno”.
Gobierno de gestión o concentración
Desde Presidencia argumentaron: “Diecisiete concejales, de un total de veinticinco, no están imputados en los hechos” y, por eso, “son los grupos municipales los capacitados para la constitución de un gobierno de gestión o concentración con participación de las formaciones políticas comprometidas con la superación de la actual situación”.
De acuerdo con el criterio del Gobierno canario, sólo si la situación de ingobernabilidad persistiera es cuando se darían las condiciones legales para instar al Consejo de Ministros la disolución. “Son los grupos municipales los capacitados para la constitución de un gobierno de gestión o concentración con participación de las formaciones políticas comprometidas con la superación de la actual situación”, subrayaron desde el Ejecutivo.
Para disolver una corporación democrática y crear una gestora municipal provisional, indicaron desde el Gobierno autonómico, “sería indispensable que se vean afectados los intereses generales y que no existan otras vías para que se produzca la normalización o regeneración de la vida municipal”. Por eso, es el Gobierno central, órgano competente para la disolución, el que debe determinar si se ven afectados los intereses generales del Estado en el caso del Ayuntamiento de Telde.
Según la interpretación del Gobierno de Canarias para disolver un ayuntamiento sería necesario que hubiera un incumplimiento de las obligaciones constitucionales del municipio y que se ocasione un daño grave a los intereses generales. En el caso concreto de Telde, el Ejecutivo autonómico considera “evidente” que se ha producido “alarma social, descrédito y desconfianza” de los vecinos hacia la institución municipal.
Pero el comunicado agregó que antes de una disolución “es preciso determinar” si la gestión municipal “ha resultado gravemente dañosa para los intereses generales autonómicos o de España”. También hay que evaluar si es posible “la restitución de la confianza ciudadana y el crédito de la corporación” mediante “la conformación de mayorías suficientes hasta las elecciones municipales de mayo de 2007, por concejales que estén ajenos al procedimiento judicial en curso”.
