El Gobierno canario refuerza con veteranos gestores el comité de gestión contra el COVID-19

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, no será destituida en medio de la crisis del coronavirus COVID-19 por las consecuencias políticas que eso pudiera ocasionar. Pero dentro del Ejecutivo ya es un clamor que ni ella ni su equipo están actuando a la altura del problema. “Un desastre” es la definición más generosa que pronuncian personas cercanas al comité de gestión que preside Ángel Víctor Torres, que se ha reforzado estos últimos días con la presencia de dos viejos conocedores de la administración sanitaria canaria: José Julián Isturiz y Conrado Domínguez, que han sido propuestos por dos de los pesos pesados del Ejecutivo, el vicepresidente Román Rodríguez (Nueva Canarias), y el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis (PSOE), que pasan a desempeñar puestos claves en ese órgano junto al consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.

La contestación contra la consejera de Sanidad se ha convertido en incontrolable dentro del Servicio Canario de la Salud (SCS). Este jueves el presidente del Gobierno accedió a retirarle las competencias de comunicación, que asumió directamente el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez, adscrito a Presidencia del Gobierno. El riesgo a que se apagara la estrella que ha acompañado a Ángel Víctor Torres en las diferentes y graves crisis a las que se ha tenido que enfrentar desde que llegó al Gobierno (incendios en Gran Canaria, apagón general en Tenerife, crisis de Thomas Cook, entre otras) era palpable. En el entorno de la consejera relatan episodios extravagantes que denotan no solo la falta de experiencia en la gestión de la comunicación, sino también en el flujo de instrucciones y de coordinación con los mandos intermedios, la falta de liderazgo y el preocupante desconocimiento de una estructura organizativa y sanitaria que durante dos décadas ha funcionado con la inercia propia de equipos inamovibles que arrancaron en los 90 con Román Rodríguez como director general Asistencia Sanitaria (el antecedente del SCS) y culminaron el verano pasado con Conrado Domínguez en el mismo puesto.

La falta de liderazgo se manifestó recientemente en la orden de Teresa Cruz de que sus subordinados mantuvieran reuniones con los responsables de las clínicas privadas de ambas provincias para coordinar el mandato ministerial de asumir desde las administraciones públicas la gestión de esos centros. La reunión se produjo con las clínicas de Santa Cruz de Tenerife, pero no con las de Las Palmas. Nadie ha logrado encontrar una explicación.

“Hasta los centros de salud van por libres ante la falta de instrucciones concretas”, se queja un veterano de la administración sanitaria autonómica. Comisiones Obreras lo ha plasmado este viernes en un duro comunicado en su web criticando a la consejera Cruz por la carencia de material, la falta de formación de profesionales en “servicios de alto riesgo” y la incapacidad para utilizar “todos los recursos a su disposición”, como las camas de las clínicas privadas, montar hospitales de campaña donde sea necesario, recurrir a otros estamentos de la administración para luchar contra la pandemia, o la falta de decisiones de gestión, como la suspensión de las consultas programadas, el alojamiento aislado para el personal expuesto al contagio y la logística necesaria para que las plantillas puedan trabajar más eficazmente.

En realidad llueve sobre mojado. Las críticas de las centrales sindicales presentes en la sanidad pública provienen desde pocos meses después de que la consejera Teresa Cruz tomara posesión de su cargo. En mayo de 2019, los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UTG y Cemsatse, ya pedían que el Gobierno socialista no removiera de su cargo de director del Servicio Canario de la Salud a Conrado Domínguez, un profundo conocedor de la casa por dentro, que fue nombrado por otro profundo conocedor de la gestión sanitaria, especialmente en el sector privado, José Manuel Baltar. Aquellos primeros conatos de rebelión no contaban con la unanimidad de todas las centrales, pero obligó a reaccionar al presidente del Gobierno para esquivar una huelga a los seis meses de constituirse.

La movilización respondía a un problema que nada tenía que ver con la gestión sanitaria del coronavirus, sino con oposiciones y promoción interna. Pero desde aquel momento ya se empezaron a atisbar las carencias de gestión que ahora, con una crisis de este calibre, se han convertido en enormes.

De ahí que Ángel Víctor Torres haya recurrido al núcleo duro de su Gobierno (Román Rodríguez y Sebastián Franquis) y éstos a dos de sus personas de confianza, ambos actualmente con cargos en sus respectivas consejerías y ambos especializadas en la gestión sanitaria. José Julián Isturiz atesora un amplio currículo académico y profesional en ese campo. Es Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona en el programa de Derecho Público Global y especialista universitario en Gerencia de Áreas de Salud y en Dirección Hospitalaria. Acompañó a Román Rodríguez y otros en la creación del Servicio de Urgencias Canario, el 1-1-2, aprovechando la experiencia que en la misma materia había desarrollado en el País Vasco. Actualmente es el director general de Patrimonio del Gobierno canario.

Conrado Domínguez, por su lado, es el actual secretario general técnico de Obras Públicas y veterano funcionario del Servicio Canario de la Salud. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Economía de la Salud y Gestión de Medicamentos, postgrado en Farmaeconomía y postgrado en Economía de la Salud por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha sido gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros cargos. Conoce la administración sanitaria por dentro y tendrá la función de desbrozar algunos obstáculos que se han levantado frente a la actual consejera.