El Gobierno sólo quiere “garantizar la obra social”
No hubo intereses políticos detrás de la decisión de intervenir el proceso de conversión de CajaCanarias en Fundación, sino un claro objetivo de “mantener la legalidad y garantizar la obra social” de la entidad. Esa es, al menos, la conclusión que saca el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, tras conocer el auto por el cual el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestima la petición de suspender el decreto de intervención que el Ejecutivo regional aprobó el pasado 27 de marzo.
“No hay ningún otro motivo que haya llevado al Gobierno a actuar en este asunto”, repetía Spínola en los pasillos del Parlamento tras conocer la noticia adelantada por CANARIASAHORA, por lo que gracias al auto dictado, la gestora creada para tutelar el proceso de conversión “tiene el pleno respaldo legal para poder trabajar con tranquilidad”.
Un “sosiego” necesario para poder, sin presiones de ningún tipo, “aprobar los estatutos de la Fundación y nombrar el Patronato”. Y hacerlo “en el menor tiempo posible”, porque la voluntad del Gobierno es que en breve “se devuelva la obra social a los ciudadanos, porque es de ellos”.
“Espero y deseo que haya una relación de colaboración con los antiguos gestores”, insistía Spínola a los periodistas, pese a que en la sesión plenaria del jueves el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, desveló datos que ponen en cuestión el buen hacer de quienes estaban al frente del proceso de reconversión.
En concreto, los anteriores gestores iban a destinar 1,4 millones de euros a los sueldos de sus cargos directivos, lo que aproximadamente supondrían uno 73.000 euros al año, e iban a manejar tan solo 400.000 euros de fondos, pese a que habían declarado que iban a contar con 9 millones de euros, lo que ponía en riesgo el patrimonio social de la misma.“Que cada uno saque sus conclusiones”, dijo Spínola, “pero lo que realmente quiere el Gobierno es que la obra social sea sostenible, y esas cifras son difícilmente sostenibles”.
El consejero también quiso romper una lanza a favor de los miembros de la gestora, todos ellos conocidos por su afiliación política a Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario-PSOE (Marisa Tejedor, Miguel Becerra, Dolores Pelayo y Juan Alberto Martín), motivo por el que desde el Partido Popular se acusó al Gobierno de haber llevado a cabo una intervención con una clara finalidad política.“No puede ser nunca un demérito haber estado en política para poder luego ostentar un cargo que, además, es de forma desinteresada, porque ninguno de sus miembros cobra absolutamente nada”, ha insistido Spínola.
