Berriel consideró que, dada la situación, la única salida es tratar de aplazar el derribo para que los propietarios de esta urbanización sean reubicados. Se trata, prosiguió, de un problema jurídico que no se soluciona con reuniones, aún así los afectados serán recibidos por el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, pero de momento no hay “más remedio” que ejecutar la orden, si bien no determinó cuándo.