La inspección a los centros turísticos de Lanzarote enfrenta a Cabildo y Gobierno
El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias mantienen un enfrentamiento público debido a que técnicos de la Consejería de Turismo del Gobierno canario están inspeccionando los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) para averiguar si tienen o no licencia de apertura.
La primera Corporación, mediante un comunicado oficial, ha tachado de “desleal” la actitud del Ejecutivo regional, “por realizar la inspección cuando dispone de toda la información relativa a las licencias y permisos de estas instalaciones”.
El consejero del área, el socialista Carlos Espino, aseguró en la nota que los CACT “tienen las licencias municipales de apertura legales y vigentes, en tanto se tramita su adaptación a la nueva Ley”.
Por su parte, la consejera de Turismo del Gobierno canario, la lanzaroteña Rita Martín, aseguró a Europa Press que “los técnicos no actúan de oficio, sino que responden a una denuncia presentada contra los Centros Turísticos en la que se pone en duda que tengan licencia de apertura”. Martín explicó que los inspectores “se limitan a hacer su trabajo, tanto en los Centros como en otros establecimientos privados de la isla”.
La denuncia contra los CACT fue presentada por la empresa Ledesdorfe, compuesta en parte por algunos promotores del plan parcial Playa Blanca, recurrido ante los tribunales por el Cabildo y paralizado por la justicia.
“Responde a un intento de presión contra el Cabildo por su política activa de denuncia de licencias ilegales, que ha afectado a establecimientos propiedad de los denunciantes”, explicó Carlos Espino. “A sabiendas de esta realidad, nos parece increíble que la consejera de Turismo respalde lo que no es sino un vulgar intento de chantaje a esta Administración”, añadió el consejero.
Sin embargo, Martín explicó que “la Consejería no puede discriminar ninguna denuncia, independientemente de que se realice contra una instalación pública o privada; si existe denuncia, los inspectores siempre tienen que actuar”. En caso contrario, “se incurriría en una responsabilidad patrimonial que ni yo ni ningún consejero del Gobierno canario permitiríamos nunca”.
Para la consejera, “si alguien ha pecado de desleal ha sido el PSOE, que le ha dado publicidad a un trámite que pertenece estrictamente al trabajo habitual de la Inspección de la Consejería de Turismo”.
