No habrá investigación política sobre Emalsa
El grupo de Gobierno del Partido Popular ha rechazado este viernes una moción de Nueva Canarias para la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre las irregularidades denunciadas en las últimas semanas en relación a la gestión de Emalsa, la empresa de aguas de la capital grancanaria.
Esta investigación, rechazada en el pleno de este viernes por 16 votos a favor y 12 en contra, pretendía, según expuso el concejal José Eduardo Ramírez, depurar responsabilidades políticas tras la polémica suscitada y aclarar el papel que han jugado los representantes políticos dentro del Consejo de Administración de la empresa “más allá de lo que pueda decir la Justicia”.
La argumentación que ha dado el concejal de Urbanismo y Aguas en el Consistorio, Martín Muñoz, sobre la oposición del PP a esta moción es que “no es el momento procesal oportuno”, ya que “tiene que ser la Fiscalía la que decida si se investiga el asunto o no”.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, presentó ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas un dossier de prensa para que tomara conocimiento de los hechos. No obstante, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, se quejó esta misma semana en declaraciones que recoge el diario La Provincia de la falta de concreción en la denuncia del regidor. En la vía administrativa, el Consistorio ya había aprobado realizar una auditoría externa a la empresa.
José Eduardo Ramírez ha afirmado que, con la moción, no pretendía que los grupos utilizaran la comisión como “una vendetta política”, sino que la intención era “esclarecer si los políticos estaban al tanto de las actuaciones de los socios privados de la empresa o fueron engañados”.
Las irregularidades citadas, sacadas a la luz por los medios de comunicación, versan sobre la opción de compra de una nave propiedad de la empresa Seguridad Integral Canaria, el alquiler de la actual sede de Emalsa, propiedad de la inmobiliaria Satocan, o facturas presuntamente infladas de servicios encargados por parte de los socios privados de Emalsa a su propia empresa de servicios, Sercanarias.
