José Francisco Reyes defiende su inocencia
El juicio contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (PNL-Nueva Canarias), y tres técnicos municipales, ha quedado visto para sentencia a las 15.00 horas de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria. La vista oral se ha llevado a cabo durante el miércoles y jueves en la sección primera de la Audiencia Provincial, presidida por Miguel Ángel Parramón.
La Fiscalía ha solicitado una rebaja en la pena de todos los acusados por dilaciones indebidas, ya que los hechos se remontan el año 1998, pero al ex alcalde le ha solcitado pena de prisión de 14 meses, cuando en principio solicitaba inhabilitación y multa. En caso de que Reyes sea condenado a prisión tendrá que ingresar en la cárcel ya que ya acumula una condena anterior por permitir obras en un restaurante en suelo rústico. A Reyes se le acusa de un delito contra la ordenación del territorio tipificado como prevaricación urbanística.
A los otros tres acusados por el mismo delito -el secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes y otros dos técnicos del Ayuntamiento, Pablo Carrasco y Alfredo Morales- también se les ha rebajado la pena solicitada. Para Fuentes y Morales se pide multa de 17 meses y 15 días a razón de 24 euros por día y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, cuando la multa anterior era de 21 meses y la inhabilitación de nueve años.
A Carrasco se le acusa además de un delito de falsedad documental y la Fiscalía pide cuatro años de prisión, multa de 14 meses y tres años de inhabilitación de empleo o cargo público, cuando la pena solicitada anteriormente era de cinco años de prisión, multa de 16 meses a razón de 24 euros por día e inhabilitación por cinco años. Todas estas rebajas atienden al mismo atenuante de Reyes.
El Ministerio Fiscal ha calificado de “ingeniería jurídica” la estrategia de la defensa de los cuatro acusados al considerar que han colaborado a la hora de diseñarla y que eran “conscientes en todo momento” de que estaban cometiendo una irregularidad premeditada. En esta misma línea, insinúo que los abogados defensores concretaron dicha estrategia para que los acusados fueran “todos a una, como Fuenteovejuna” para que cada una de sus declaraciones no afectara a otros. En respuesta, el abogado de Reyes -Felipe Fernández- afirmó que han actuado bajo el “ejercicio libre e independiente” de su profesión y protestó por la insinuación del fiscal.
Declaraciones de Reyes
Durante la mañana del miércoles comparecía el que fuera alcalde de Yaiza entre 1994 y 2008, Juan Francisco Reyes, quien negó ante el tribunal ser autor del delito que se le imputa.
En sus respuestas al Ministerio Fiscal y a la Defensa, Reyes quiso dejar claro que firmó las licencias de construcción de nueve viviendas en terreno rústico basándose en informes técnicos y jurídicos que no siempre leía. “De la tonga de papeles que me ponían delante”, para firmar “unos los leía y otros no”, declaró.
También negó su participación el técnico municipal Pablo Carrasco que, como Reyes, rechazó tener relación de amistad con el promotor de la obra y haberse reunido con él para planificar sobre el terreno el proyecto de las citadas nueve viviendas.
Ya por la tarde prestaron declaración los acusados Vicente Bartolomé y Alfredo Morales. Según la abogada de este último, Morales “se ha mantenido en sus tesis de que el suelo para el que informó las licencias de segregación tiene consideración de asentamiento rural y en consecuencia, se podían otorgar”.
Por su parte, el cuarto de los acusados, Vicente Bartolomé, ha alegado que “no está dentro de sus funciones emitir informes jurídicos dentro del procedimiento de licencias y que él lo que emitió fue un informe procedimental”, según la misma fuente.
Los hechos
Los hechos se remontan a 1998, cuando según el relato del fiscal, la sociedad Casas Conejeras adquirió un terreno rústico de 12.500 metros entre las localidades de Las Breñas y Femés (Yaiza) “a sabiendas de que el Ayuntamiento de Yaiza autorizaría la construcción de al menos una edificación con destino a vivienda en el lugar”.
La sociedad construyó en ese terreno nueve viviendas unifamiliares con piscina en nueve parcelas independientes y su construcción fue autorizándose a través de licencias de segregación y de obra por decretos del alcalde.
Todas las licencias fueron solicitadas por el administrador de la empresa, Martín Bartolo, excepto una que la pidió su pareja, Elsa Luzardo, mientras que los decretos los firmó Reyes, excepto cuatro que los firmaron José Antonio Rodríguez y Narcisa Peña, como alcaldes en funciones.
Sin embargo, a pesar de las segregaciones, la finca matriz no disminuía de tamaño y continuaba teniendo 12.500 metros cuadrados.
La Fiscalía considera que Reyes sabía que la parcelación urbanística requería de una ordenación pormenorizada pero “se desentendió voluntariamente” de ella. También señala que el ex alcalde sabía que no se podía autorizar las viviendas sin control previo por parte del Gobierno de Canarias o del Cabildo, ya que para autorizar edificaciones en suelo rústico hace falta una calificación territorial que otorga la institución insular. Dos de esos decretos fueron declarados nulos por los tribunales de justicia.
En cuanto al secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, dice la Fiscalía que omitió hacer constar en sus informes jurídicos la necesidad de obtener la calificación territorial del Cabildo. Sin embrago, en el primero de los informes que hizo para esas casas, en mayo de 1998, sí hizo constar que era necesario un informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación.
El arquitecto técnico del Ayuntamiento, Pablo Carrasco, “informó con conciencia y voluntad de no poner ningún inconveniente”, según el Fiscal, ya que consideraba los terrenos para los que se solicitaban las licencias como urbanos solar, cuando eran rústicos, tal y como él mismo reconocía en las licencias de segregación.
Por su parte, el aparejador municipal, Alfredo Morales, según el fiscal, informó varias solicitudes de segregación conforme a un planeamiento municipal que no estaba aprobado definitivamente.
Archivo
La causa tenía otros seis imputados más, para los que el fiscal pide que se archive. Se trata del promotor, Martín Bartolo, y su pareja, Elsa Luzardo, así como el arquitecto Juan Carlos Matallana, el técnico municipal Antonio Fernández y los cargos públicos José Antonio Rodríguez y Narcisa Peña, ambos concejales en la actualidad, el primero del PNL y la segunda de CC.
Reyes, que fue alcalde entre 1994 y 2008, primero con CC y luego con el PNL-Nueva Canarias, ya está condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística por conceder una licencia para un restaurante en suelo rústico.
Además, está imputado en el caso Unión y en el que investiga los hoteles ilegales de Playa Blanca. Por ese procedimiento estuvo en prisión provisional ya que se le acusa de lograr un patrimonio de más de 700.000 euros sin justificar su procedencia. Su mujer y tres de sus hijos también están imputados.
Dos de los tres técnicos que se sentarán en el banquillo continúan ejerciendo en el Ayuntamiento y los tres están imputados por la concesión de licencias ilegales en el procedimiento de los hoteles que investiga el Juzgado número dos de Arrecife.
Además, el secretario Vicente Bartolomé también fue detenido dentro del caso Unión. La Guardia Civil encontró en su despacho del Ayuntamiento un sobre con 56.000 euros en billetes de 100 y de 200.
