Jueces y fiscales cargan contra el ex presidente Fernando Fernández
Los jueces y los fiscales de Canarias han condenado este viernes, a través de un comunicado, el contenido de un artículo de opinión firmado por el ex presidente del Gobierno Fernando Fernández (hoy en el PP) publicado el pasado domingo en el periódico tinerfeño El Día.
Todas las secciones territoriales de Canarias de las asociaciones de jueces y de fiscales han suscrito el comunicado, desde la Asociación Profesional de la Magistratura, la conservadora APM, hasta la progresista Jueces para la Democracia, pasando por Francisco de Vitoria y el Foro judicial Independiente, además de la Asociación de Fiscales, de carácter conservador, y la Unión Progresista de Fiscales.
A juicio de las asociaciones firmantes, el artículo de opinión de Fernando Fernández contenía acusaciones de prevaricación contra el juez Miguel Ángel Parramón, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, por su actuación en relación con el caso eólico, del que se desprendió una pieza que dio lugar posteriormente al procesamiento del ex presidente de la Audiencia Provincial José Antonio Martín por haber asesorado al hermano de un narcotraficante.
Pero, además, los jueces y fiscales consideran que Fernández también atribuyó “cainismo ideológico” a la sentencia de la Sala de lo Penal del TSJC que condenó a José Antonio Martín, así como que el ex presidente canario realizó “insinuaciones sobre abusos de la función judicial o consumo de estupefacientes por parte de la judicatura”.
Ante ello, los jueces y fiscales han querido recordar a los ciudadanos que están sometidos al Estado de Derecho “y somos responsables por los delitos y faltas que pudiéramos cometer en el ejercicio de nuestros cargos ante los Tribunales de Justicia, y por las infracciones disciplinarias, ante el Consejo General del Poder Judicial, los jueces, y la Fiscalía General del Estado, los fiscales”.
Y añaden en su comunicado que “las acusaciones de parcialidad en el ejercicio de nuestra función y las insinuaciones o afirmaciones absolutamente infundadas sobre la vida privada de los Magistrados y Magistradas sólo pretenden fomentar el descrédito de nuestra función jurisdiccional, resultando impropio de quien ha ostentado un poder político, y en este caso concreto, de quien ha sido presidente del órgano de Gobierno de esta Comunidad Autónoma, y máximo representante del Estado en este territorio, considerándose desafortunados intentos de presión sobre quienes debemos garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias obedeciendo única y exclusivamente a la Constitución y a la Ley, garantía de la independencia de Juzgados y Tribunales, y del Ministerio Fiscal”.
