El juicio arranca el 18 de noviembre
El Juzgado de lo Penal número 5 ha confirmado que la vista oral por el conocido como caso Mamotreto tendrá lugar entre los días 18 al 22 de noviembre de este año. En el banquillo de los acusados se sentarán los ex concejales de Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz, Luz Reverón, José Domínguez Pastor, Manuel Parejo y Norberto Plasencia y los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez, todos ellos acusados de un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Las penas globales suman 18 años de prisión, la responsabilidad civil y la inhabilitación para ejercer cargo público. De hecho, la primera consecuencia que tiene este señalamiento es que Reverón, que actualmente ocupa el cargo de delegada del Gobierno en La Gomera, deberá dejar su puesto según determinan los nuevos estatutos del Partido Popular (PP) en el que ahora milita. Esta formación política ha decidido que todo cargo público que se siente en un banquillo de acusados deberá abandonar de forma inmediata sus responsabilidades.
Ambas partes han coincidido en llamar a declarar como testigos durante el juicio oral que durará cinco días a técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario y de la Dirección General de Costas. Igualmente serán citados funcionarios del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo, el propio concejal de este organismo autónomo, José Ángel Martín Bethencourt, que fue uno de los denunciantes cuando ocupaba el cargo de portavoz del grupo municipal socialista en el anterior mandato. Otro tanto ocurrirá con Dolores Jutta Redbrow, presidenta de la Asociación de Amigos de Las Teresitas y del Litoral de Anaga que fue la que primero denunció la posible ilegalidad de las obras.
Igualmente comparecerá Jesús Romero, director general de Ordenación del Territorio, y Sebastián Ledesma, exdirector general de Turismo. A los acusados el Ministerio Público los acusa de ser responsables de la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas sin contar con ningún tipo de autorización y de haber invadido terrenos de dominio público. Por su parte, la fiscal para los delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, se reafirma en su petición de 18 años de cárcel para los acusados -que oscilan en penas de entre tres y dos años para cada uno de ellos-,que asuman la responsabilidad civil y por lo tanto paguen todos los gastos, incluida la demolición del edificio, y la inhabilitación para ejercer cargo público.
Los hechos que son objeto de este contencioso judicial se remontan a finales del año 2001, momento en el que la Gerencia de Urbanismo aprobó la redacción del proyecto para ordenar el frente de Las Teresitas, una obra que fue adjudicada al arquitecto francés, Dominique Perrault. Dentro de esta actuación se situaba la construcción de un gran aparcamiento y centro comercial que venía a sustituir al parking gratuito ubicado al lado de la playa.
El proyecto estaba dividido en dos fases diferenciadas de las cuales una parte iba a ser financiada por las instituciones canarias y la otra por la Dirección General de Costas. Fue el Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento los que iniciaron las obras que se correspondían con la desaparición del antiguo campo de fútbol sobre el que se levantó esta edificación con capacidad, en principio, para 272 plazas de aparcamientos.
El inmueble iba a ocupar en su cara frente a la playa tanto la servidumbre de protección propiedad del Gobierno canario como 1.223 metros cuadrados de dominio público de Costas. Nunca se contó con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos sobre los dos ámbitos. En el caso del organismo estatal al final decidió no iniciar los trabajos después de que a mitad de 2007 el Tribunal Supremo (TS) anulara la operación de compraventa del los terrenos.
Tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el PSOE, la Fiscalía inició unas investigaciones que han concluido con que el edificio “incumplía la normativa urbanística de aplicación y la que de manera inminente entraría en vigor”.
Todo ello en cuanto a usos y aprovechamientos de suelo, por contemplar la ocupación de suelo destinado a vía o espacio público y quedar fuera de la línea respecto de la alineación exterior, así como en parámetros relativos a volumen ocupación máxima permitida y en parámetros relativos a la superficie, que tampoco estaba justificada en el proyecto, siempre en relación a las condiciones particulares que la normativa establecía para esta zona“. Pese a que Costas no acababa de iniciar las obras, el Ayuntamiento decidió seguir con su parte de los trabajos. No fue hasta 2008 cuando se decidió parar la actuación ante la ”imposibilidad“ de lograr permiso para ocupar el dominio público. Durante estos años ha sido larga la lista de testigos e imputados que han acudido por el Juzgado de Instrucción. Un proceso que acabará ahora con la celebración del juicio oral.
