Si la Justicia aprueba las medidas cautelares habrá primarias en Santa Cruz de Tenerife
Si la justicia adopta las medidas cautelares pedidas en contra de la disolución de los comités insular y local del PSC en Tenerife y Santa Cruz de Tenerife, habría primarias para elegir a los candidatos a presidir el Cabildo y el Ayuntamiento.
Este órdago lanzado a la Ejecutiva regional del PSC debe dirimirse antes de una semana. Raúl Alonso, que ha capitaneado el equipo de abogados que plantea la demanda contra la decisión del secretario regional, José Miguel Pérez, de suspender la actividad de los comités, afirmó este viernes en rueda de prensa que las cautelares, previas a la presentación de la demanda, se sustentan “en la vulneración de derechos fundamentales como son el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y el derecho de participación política”.
“No son derechos cualquiera, sino derechos esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Si el juez acepta la petición de las cautelarísimas, todo lo acordado se retrotrae hasta que haya una sentencia definitiva”, indicó Alonso. El caso es que si se suspendieran las gestoras y se colocase la pelota en la casilla de salida, y se anunciasen primarias, cabría otra anulación por parte de la Ejecutiva regional, y vuelta a empezar.
Además, si esas cautelares se adoptasen, es dudoso que la sentencia definitiva estuviese firmada antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas, para las que quedan sólo siete meses, pese a que la causa, “al tratarse de un asunto, por conculcar derechos fundamentales, es preferente”.
A la rueda de prensa dada este viernes no asistieron ni José Manuel Corrales, que se postulaba como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, ni Juan Ignacio Viciana, ex presidente del comité insular. Si estuvieron representantes de la “parte rebelde”, como Santiago Pérez, que ha participado en la elaboración de la demanda. Como no, tampoco faltaron los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa, que han apoyado a los destituidos en la guerra abierta contra el Plan General de Ordenación de la capital.
Alonso insistió en que las resoluciones de José Miguel Pérez para sustituir los comités por gestoras y decidir “por mis cojones” quién es candidato y quién no, hubieran supuesto una prevaricación administrativa si en lugar de hablar de partidos se estuviera hablando de decisiones hechas por un cargo público.
