La Ley del Suelo “abre la puerta” a la reducción de municipios en Canarias
La plataforma de sindicatos, partidos políticos, organizaciones ecologistas y colectivos sociales contra la reforma de la Ley del Suelo en Canarias ha denunciado este miércoles que ese proyecto “abre la puerta” a una posible reducción del número de ayuntamientos en el archipiélago.
En una conferencia de prensa convocada para dar a conocer las nuevas iniciativas contra la norma que promueve el Gobierno de la comunidad autónoma, la Plataforma ha advertido de que muchos consistorios no podrán tramitar por sí solos los planeamientos urbanísticos, porque carecen de medios y personal para hacerlo.
Uno de los portavoces de este colectivo, Eugenio Reyes, de Ecologistas en Acción, ha subrayado además que, “lejos de agilizar la maraña burocrática” de los planeamientos, los procedimientos administrativos se pueden alargar en años, porque la ley traslada la responsabilidad que hasta ahora tenían los ediles a los técnicos municipales, quienes deberán estar muy seguro de lo que firma porque puede responder con cárcel o con su patrimonio personal.
A juicio de los integrantes de la plataforma, estos retrasos pueden colapsar el funcionamiento de los consistorios.
Reyes opinado que, con esta reforma, los alcaldes “van a perder poder” y “se van a meter en un fango que les puede salpicar incluso en los tribunales, llevar su municipio a la ruina” e, incluso, provocar la desaparición de su ayuntamiento, ya que, “como proponen los redactores de la ley, si no pueden gestionar que se disuelvan”.
“El ideólogo de esta ley, que defiende que desaparezca la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) y que los ayuntamientos son soberanos, tiene en su libro un capítulo dedicado a la extinción de los municipios. Esta es una llamada que le quiero hacer a los alcaldes”, ha agregado Reyes.
En este sentido, ha considerado que el fin último que persigue la Ley del Suelo de Canarias es la “reorganización” de los ayuntamientos y han augurado que los “conflictos” que pueden darse podrían ser mayores que con la normativa actual.
Esta plataforma ha estado representada en esta rueda de prensa hoy por Antonio Pérez (CCOO), Eugenio Reyes (Ben Magec-Ecologistas en Acción), Faustino García (exdirector general de Urbanismo del Gobierno Canario) y la Enma Pérez (profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), quienes han pedido una mayor participación ciudadana en la tramitación de la Ley del Suelo, similar a la que se produce en el País Vasco, que se ha dado un plazo de tres años para reformar su legislación.
El Gobierno “empeora” el proyecto
Antonio Pérez ha afirmado que el Gobierno canario ha empeorado el proyecto de ley y que lo ha cerrado a la participación ciudadana, al tiempo que le ha llamado la atención las “prioridades” del Ejecutivo regional, que por un lado “pide paciencia” para desarrollar en Plan de Pobreza de Canarias y, sin embargo, en este asunto le pueden las “prisas por la especulación del territorio”.
“Nos parece que la urgencia debería ser, en todo caso, la de atender primero a las necesidades de los ciudadanos que peor lo están pasando. Y, si para esto se puede esperar dos años, por qué no se puede esperar lo mismo para que haya un verdadero proceso de participación y diseñar un plan de organización del territorio que nos incluya a todos”, ha añadido Pérez.
Por su parte, Faustino García ha alertado de que el proyecto de ley debilita de los controles supramunicipales sobre la ordenación y establece que los informes de cabildos y comunidad autónoma son fundamentalmente sectoriales sobre materias concretas y no sobre el territorio.
A su juicio, se debilitan, también, los planes insulares estableciendo que el planeamiento de los recursos naturales es opcional.
Sobre la ocupación del campo, García ha dicho que los proyectos de interés insular y autonómico son unos instrumentos rápidos de intervención al margen de la planificación regular, que podrán localizarse en el suelo rústico -vedado en el anteproyecto- y que, en el suelo de protección agraria -exceptuado igualmente- se abre la actuaciones de iniciativa pública.
En cuando a los usos en el suelo rústico, se aumentan los usos complementarios a la actividad agraria y se establece que puede llegar a ocupar hasta el 10 % de la superficie de la finca o el 15 % de la superficie cultivada.
“Sobre la totalidad del suelo rústico de Canarias, que evidentemente no se va a ocupar nunca, pero sí da una imagen, se podría ocupar una superficie construida igual a la que tiene hoy en día la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”, ha destacado García.
La geógrafa Enma Pérez ha recordado que en la organización del territorio intervienen muchas disciplinas porque su carácter es “muy transversal” y ese es el “primer problema de la redacción” de este proyecto de ley, ya que la comisión que lo ha elaborado solo está integrada por juristas.
“Están creando un engendro que, probablemente, ellos mismos no saben a dónde les puede conducir. Ahora resolverá desde el punto de vista jurídico, pero no imaginan que determinadas cuestiones que están ahí planteadas, en un plazo relativamente breve, pueden generar problemas en el territorio”, ha apuntado Pérez.
Asimismo, la profesora espera que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se genere con el comienzo del nuevo curso un debate técnico y científico sobre las consecuencias del la Ley del Suelo, y ha adelantado que propondrá un taller para “dibujar la ley”.
La plataforma ha reiterado que está abierta al “diálogo” con el Gobierno canario y ha anunciado que seguirá explicando a los diversos colectivos sociales su rechazo a la norma y que participarán en movilizaciones como la de La Laguna (Tenerife) para la protección del suelo rústico.
También espera que la ciudadanía siga presentando alegaciones a esta iniciativa legislativa y que las mismas se puedan atender durante el trámite parlamentario, donde la plataforma ha augurado que la Ley del Suelo de Canarias no tendrá el apoyo de las fuerzas políticas.
