Luengo muestra documentos que niegan su implicación en 'Tebeto'
La diputada socialista Francisca Luengo acusó este sábado al gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular de “corrupción” al “fabricar una mentira” cuando la acusó de ser parte del caso Tebeto y poseer un documento que lo demostraba, y que se ha probado que es “inexistente”, según dijo.
La falta de esa documentación, a cuya supuesta existencia aludieron coalición y populares para rechazar en el Parlamento crear una comisión que reclamó la propia Francisca Luengo, argumentando aquellos que no la admitían por ser juez y parte en Tebeto, demuestra que los socios del Gobierno, simplemente, “no quieren que se investigue el caso”, declaró la socialista en una rueda de prensa.
Una cita que, destacó, convocó para presentar la única documentación que, tras reclamar al Gobierno de Canarias cualquier papel firmado por ella en relación a dicho caso, que ha derivado en una sentencia que obliga al Ejecutivo a indemnizar con 92 millones de euros a una empresa “que no ha hecho nada ni ha tenido ningún gasto”, han podido presentarle sus acusadores.
Esa documentación consiste en un texto de 1993 en que Francisca Luengo aparece como firmante en calidad de secretaria general técnica de la Consejería de Industria, lo que implica que no era responsable del contenido del texto, sino sólo de que éste fuera notificado a quien iba dirigido, por lo que -concluyó- “echa por tierra el montaje de CC y PP sobre caso Tebeto”.
Un caso que agregó que, aunque se refiera a una concesión minera que se otorgó inicialmente en los años noventa, “está centrado en el año 2004, cuando el consejero era el hermano del señor Soria”, líder del PP en Canarias y actual vicepresidente del Gobierno Autónomo, y a quien responsabilizó de lo ocurrido.
Indicio de ello es, además, según dijo, que José Manuel Soria, como vicepresidente autonómico, haya afirmado en distintas ocasiones que, “si hay que pagar, se paga” la indemnización de Tebeto, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias mediante una sentencia que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.
Como representante del Gobierno Autónomo, “su obligación es no pagar, investigar todos los resortes que proporciona el ordenamiento jurídico para no pagar”, ya que “decir que hay que pagar es situarse en la defensa del interés particular, no del interés general”, argumentó a ese respecto.
E insistió en que el origen de esta indemnización millonaria, generada a cuenta de una autorización de explotación minera que la empresa demandante, Cabo Verde, no llegó a utilizar nunca, está en el año 2004, cuando, desde una consejería que entonces gobernaba el PP, se otorgó una concesión “a sabiendas de que era papel mojado”.
“Pues -explicó- la empresa no podía explotar el recurso concedido al prohibirlo el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, pero se le colocaba al concesionario en la posición ventajosa de pedir responsabilidad patrimonial a la administración por el funcionamiento anormal de los servicios públicos”.
La conclusión de Francisca Luengo fue que “el Gobierno ha facilitado que se produzca la disparatada indemnización, pues no ha hecho lo que tenía que hacer para impedirlo en los 17 años que llevan gobernando CC y PP”.
Y, por ello, agregó: “lo importante es que CC y PP asuman, de una vez, su responsabilidad, ya que llevan dieciséis años gobernando y sólo ellos han tomado parte en este asunto, y que no sigan tapándose los unos a los otros, que es lo que están haciendo: en el caso Tebeto, CC está tapando al PP, y el PP tapó a CC en el caso Tindaya”.
