Luis Soria otorgó una concesión a una empresa que no tenía los derechos
El permiso de concesión en el que se ha basado Rafael Bittini para obtener la indemnización más cuantiosa de la historia de Canarias fue concedido por Luis Soria en 2004 en favor de la empresa Canteras Cabo Verde, S.A., en base a un permiso de investigación anterior que estaba a nombre del empresario y sin que conste en el expediente la exigible transmisión legal.
Cabo Verde S.A, la empresa de la que es representante Rafael Bittini, consiguió en 2004 que Luis Soria, a la sazón consejero de Industria del Gobierno de Canarias, le otorgara un permiso de explotación minera para seis cuadrículas (1.800.000 metros cuadrados) de la montaña de Tebeto, para la explotación Carmen 37. Pero en su proyecto de explotación minera, la empresa sólo presenta tres pequeñas zonas de la montaña.
La explotación Carmen 37 fue valorada en el procedimiento judicial iniciado a instancias de Rafael Bittini en 101 millones de euros, a pesar de que un informe de 1982, encargado también por el empresario, decía claramente que en Tebeto eran “remotas” las posibilidades de que hubiera traquita en bloque, la preciada piedra ornamental que pretendía explotar Cabo Verde y cuya extracción requiere precisamente que se presente entera, no fragmentada.
Ese informe de 1982, el único basado en prospecciones geológicas, está firmado por el ingeniero José María Varona Arciniaga por encargo de Bittini, y en él se basó el perito Antonio López Pérez, tío carnal de Luis y José Manuel Soria, para concluir que esas explotaciones tienen un valor de 101 millones de euros.
Personas que han cotejado los informes de Varona y de López Pérez han comprobado que el segundo copia muchos aspectos del primero pero, naturalmente, obvia lo referido a la remota existencia de traquita en bloque en Tebeto.
El Gobierno de Canarias otorgó esta concesión a la empresa de Bittini sin que el empresario transfiriera a Cabo Verde S.A. los derechos anteriores, teóricamente caducados, los referidos a un permiso de investigación otorgado en 1983 en favor de la persona física Rafael Bittini.
La empresa jamás pudo explotar esa concesión por contravenir el planeamiento municipal de La Oliva de 1999 y el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura de 2001, anteriores ambos a la autorización otorgada por la consejería de Luis Soria (2004).
