Madrid rebajará los convenios suscritos
El Gobierno que preside Mariano Rajoy va a poner las cosas aún más difíciles a Canarias, por más que el pasado viernes, 24 de mayo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dijera en Santa Cruz de Tenerife que el Archipiélago es “la comunidad autónoma que más ha crecido en su financiación” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Según Beteta, gracias al incremento del 4%, frente a un promedio del 0,16% en toda España, la reducción en inversiones fruto de los recortes fue “menor” en las Islas que en el resto del país.
Sin embargo, al secretario de Estado se le olvidó que Canarias ya ha sufrido una rebaja del 46 % en el capítulo de inversiones en los dos últimos Presupuestos Generales del Estado, y que hay 137 millones pendientes de liquidar con el Estado y que corresponden a la financiación de los años 2008 y 2009, más las devoluciones pendientes por la extinción el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE).
Fue el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, quien cuantificó a finales de año en el Parlamento en 2.000 millones de euros el déficit por incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) por parte del Estado en los últimos cinco años. Un déficit de inversión, iniciado con el ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero pero que ha sido más acusado durante el año y medio que Rajoy lleva en La Moncloa.
Una menor inversión por habitante, agravada durante 2012 y 2013, que ha obligado, entre otras cuestiones, a acogerse a Canarias, por dos veces, al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), pues sólo en 2012 se dejaron de invertir 812 millones de euros.
Papel mojado
Pero, pese a estos preocupantes recortes, olvidados por Beteta, ahí no acaba el problema para Canarias, pues el Programa de Estabilidad aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de abril recoge que “es destacable que una parte de las correcciones se llevará a cabo en conceptos destinados a transferir recursos finalistas a las comunidades autónomas que se reparten mediante conferencias sectoriales”, es decir, que las autonomías, y entre ellas Canarias, “habrán de minorar a su vez el gasto en estas políticas en el importe que van a dejar de percibir”.
O lo que, traducido, significa que aún habrá menos dinero para los convenios suscritos en carreteras, infraestructuras hidráulicas o el Plan de Empleo (PIEC), que en 2013 ya quedó reducido a sólo 10 millones de euros.
Hay que recordar que el Gobierno canario interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Administración General del Estado por el trato “discriminatorio” dispensado a la Comunidad Autónoma, al reducir “de forma unilateral y sin negociación previa” su aportación al Convenio de Carreteras en el año 2012 desde los 207 millones de euros previstos a 68,45 millones. Un recorte que se elevó al 73 por ciento para este año y que, en conjunto, ha significado 291 millones de euros menos en dos años.
De los millones de euros que el Estado tendría que transferir en 2013 a Canarias según lo establecido en el convenio suscrito, la partida en las cuentas del ejercicio vigente se ha quedado en 54 millones, una cantidad absolutamente insuficiente y que, a tenor de lo estipulado en el Programa de Estabilidad, irá a menos en los próximos años
