Marcos Brito ''mancha la imagen'' de Puerto de la Cruz

La portavoz adjunta del PSC en Puerto de la Cruz, María Jesús Ferrer, ha criticado que la gestión del alcalde Marcos Birto (CC) tras la moción de censura que le aupó al poder ha sido “caciquil, propia de épocas predemocráticas, que pone en vilo la propia democracia y daña profundamente la imagen del municipio”.

Los socialistas portuenses realizan estas acusaciones tras la sentencia emitida el pasado jueves por el Juzgado de lo Social, que obliga al Ayuntamiento a readmitir en principio a 11 trabajadores que realizaban tareas de limpieza en el Complejo Turístico Costa de Martiánez, que fueron expulsados por el actual gobierno local.

La también secretaria general de los socialistas portuenses afirmó que “la política del miedo ejecutada por el alcalde Marcos Brito (CC), con la realización de listas negras de trabajadores y una clara persecución política con caza de brujas incluida, ha servido para que la Justicia ponga a cada uno en su lugar. El lugar de Marcos Brito está situado en el banquillo de los acusados, con una condena del Juzgado de lo Social por llevar a cabo una política de erradicación de personal propia de un gobierno antidemocrático, que no respeta nuestra Constitución y el estado de derecho”.

María Jesús Ferrer dijo además que “no podemos entender cómo un alcalde opta por echar a una veintena de empleados del Lago de Martiánez, cuyo único sustento familiar es el salario que perciben por realizar su trabajo de forma digna y honrada, simplemente por no ser de su cuerda política”.

“Aquí vemos ? continuó Ferrer - la verdadera cara de un gobierno compuesto por personas que no tienen buenos sentimientos, y que les importa bien poco la defensa de la democracia, la justicia y las libertades”. La edil socialista, en este sentido, felicitó a los trabajadores “por su lucha y perseverancia” y esperó que el gobierno local llevé a cabo cuanto antes la reincorporación de los citados trabajadores a sus puestos de trabajo y el pago de indemnizaciones.

Duplicidad de cargos

La dirigente socialista portuense denunció además que “la masiva contratación de personal, realizada por Marcos Brito (CC) en la empresa pública PAMARSA, para llevar a cabo tareas en el Complejo Turístico Municipal Costa de Martiánez, entre otros, supone un escándalo político que cuesta a los portuenses unos 2.000.000 de ? anuales en plena crisis económica”, aseveró. “Nos preguntamos ahora ? explicó Ferrer ? qué va a pasar con todas estas personas que fueron contratadas a dedo para desempeñar las labores que realizaban los trabajadores en el Lago y que ahora tienen que ser readmitidos, puesto que podríamos estar hablando de duplicidad de cargos”.

Desde la oposición también se preguntan a cuánto asciende el importe económico por las indemnizaciones del personal que deberá readmitirse y las costas judiciales, así como la próxima vista judicial que se desarrollará el próximo mes para el resto de trabajadores echados de sus puestos. “Este dinero debería salir del bolsillo del propio alcalde y de su concejala de Hacienda, Sandra Rodríguez, puesto que han sido los únicos culpables de este grave conflicto”, sentenció Ferrer

31 familias “engañadas”

La formación de izquierdas explica que el resto de empleados que pertenecían a la Cooperativa El Tarajal y no llevaron a cabo las pertinentes denuncias, un total de 31 trabajadores, firmaron un documento de baja de la citada empresa para ser contratados en PAMARSA. “Estos empleados ? asegura Ferrer - fueron engañados por la edil de Hacienda, Sandra Rodríguez, y el alcalde Marcos Brito”. “Se trató de un acto cobarde, donde imperó el miedo y la presión de un comisario político de CC para que los citados empleados plasmaran su firma en un documento, donde solicitaban la baja de la empresa y perdían sus derechos laborales, tales como el pago de indemnización de tantos años trabajados o el derecho a prestaciones por desempleo”.

Para Ferrer (PSC) “Sandra Rodríguez aseguró a todas estas familias humildes de Puerto de la Cruz que, por mucho que fueran a juicio, no iban a ser contratadas, y que su única opción era darse de baja de la empresa y pasar a formar parte de PAMARSA. Hoy vemos como se trataba de otra gran mentira de esta edil, y estas familias han corroborado este engaño gracias a la sentencia del Juzgado de lo Social”.