Mogán recupera el servicio del agua de abasto de Puerto Rico
Puerto Rico SA, uno de los tres concesionarios privados del agua de abasto de Mogán, ya no tiene competencia alguna en el suministro de agua en la urbanización de Puerto Rico, al expirar el pasado 30 de enero la prórroga de 25 años otorgada en 1987 por el pleno municipal.
El alcalde Francisco González (PP) comunicaba tres días antes a la promotora de la urbanización el vencimiento de la concesión del servicio público, en una notificación de la Alcaldía en la que también se hace constar que el Consistorio “está ultimando la tramitación del expediente de contratación correspondiente, con el objetivo de prestar el servicio público de abastecimiento de agua en todo el término municipal”.
La extinción de la prórroga deja en el limbo jurídico la situación tanto de los abonados del suministro -solo un 18% es población de derecho del municipio, ya que el 82% restante es flotante por el turismo- e incluso el servicio en sí mismo, un hecho que ha forzado a los grupos de la oposición a cuestionar al gobierno municipal las consecuencias de esta laguna.
En concreto, concejales de Ciuca, PSC-PSOE, NC y CC se han dirigido al Ayuntamiento para dejar constancia que, a raíz de la notificación a Puerto Rico Sa de 27 de enero, “resulta evidente que la entidad mercantil no debería ni estar prestando el servicio de abastecimiento de agua, ni mucho menos recibiendo ingresos generados por el pago en la prestación de dicho servicio”.
Los grupos de la oposición desconocen la situación real generada después del fin de la prórroga el 30 de enero, sobre todo al no quedar constancia alguna de acuerdos por escrito entre el Ayuntamiento y Puerto Rico SA que aclare la situación en que queda el servicio hasta quese adjudique el concurso anunciado en septiembre de 2010 y todavía pendiente de conocerse sus pliegos y condiciones.
Los concejales entienden que el vencimiento de la prórroga sin una alternativa inmediata provoca una “ambigüedad o incertidumbre jurídica” que podría general graves perjuicios tanto a las arcas municipales como a los vecinos de Puerto Rico al desconocerse ahora quién es responsable del servicio y ante quiénes reclaman los vecinos.
Los cuatro grupos políticos solicitan del gobierno del PP una serie de informes jurídicos que aclaren el estado del servicio en estos momentos, tanto de los ingresos económicos que debiera recibir el Ayuntamiento, en concepto de abastecimiento de agua, desde el 30 de enero hasta que se adjudique la gestión en todo el municipio, o en qué situación se quedan los trabajadores adscritos al servicio y si el ayuntamiento debe subrogar sus puestos.
Además, reclaman del grupo de gobierno una copia del documento -“si es que existe”- del acuerdo al que hayan llegado el Ayuntamiento de Mogán y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria para que el organismo del Cabildo elabore los pliegos para la licitación del concurso público anunciado en 2010, y del que nada se sabe desde entonces, cuando Aguas de Arguineguín comunicó su intención de frenarlo en los juzgados.
