''Es un monopolio ilegal en manos de amigos íntimos de Zerolo y Bermúdez''
Felipe Campos, abogado de la asociación de vecinos Cabo Llanos denunciante del caso Parque Marítimo que investiga la Fiscalía Anticorrupción, valoró este viernes en El Correillo de CANARIAS AHORA RADIO el trasfondo de las pesquisas en curso como “un monopolio ilegal en suelo público en manos de amigos íntimos de [Miguel] Zerolo y [José Manuel] Bermúdez”, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y vicepresidente del Cabildo de Tenerife, respectivamente.
Campos Medina explicó que la investigación sobre el negocio de la noche en Santa Cruz, centralizada en el Parque Marítimo César Manrique, y su relación directa con los principales líderes de ATI-CC, determinará en su momento si aparte de presuntos delitos de prevaricación por omisión y de tráfico de influencias pudiera existir el cohecho entre políticos y empresarios amigos íntimos: “Eso no puedo afirmarlo, pero cualquier oyente puede obtener sus conclusiones” al respecto, dijo.
Para el abogado tinerfeño, el actual arrendatario del espacio público durante años ha realizado actividades de ocio nocturno ilegales con el consentimiento de las autoridades de ATI-CC: “Luis Gil explota un espacio público en base a una renta pública, defraudando al erario de todos los ciudadanos de Santa Cruz millones de euros, y consintiendo la administración que se haga eso por parte de personas privadas próximas al poder”.
El letrado recordó también la etapa en la cual quien explotaba el recinto era el ex asesor de Urbanismo de Miguel Zerolo, Jorge Bethencourt: “montaron [con su socio Valentín Álvarez] una empresa clandestina, Event Park, para facturar todos los ingresos de los eventos”. Además, aseguró que “si se quiere, que se hagan los eventos, pero habría que modificar el contrato [limitado a explotación de piscinas durante el día], determinar una nueva renta y convocar un concurso para que todos puedan presentarse”.
Campos Medina también denunció “las presiones a funcionarios, por lo que puede haber un presunto delito de tráfico de influencias” además de presunta malversación de caudales públicos, y situó a Víctor Reyes, secretario de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife también imputado en el caso Las Teresitas, como pieza clave del caso: “Reyes posibilitó que hubiera caso Las Teresitas con las valoraciones del suelo que se negaba a admitir la arquitecta municipal, y en el Parque Marítimo ha hecho algo parecido”.
Felipe Campos lamentó “el intento absoluto de cerrar la boca” a muchos medios de comunicación de la isla de Tenerife para que no siguieran informando sobre el negocio de la noche en Santa Cruz ligado a ATI-CC. “Me puedo hacer cargo de la situación de crisis de algunos medios, pero es lamentable que grupos económicos dominen de esa manera”. En su caso, “hay medios concretos que me tienen vetado”.
