El Parlamento de Canarias aprueba el polémico decreto de dependencia pero rechaza las propuestas de NC y PSOE de mejorarlo

El pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado por unanimidad el decreto aprobado por el Gobierno regional para complementar el sistema de prestaciones de dependencia, pero ha rechazado con los votos de los grupos que apoyan al ejecutivo y Vox la petición de PSOE y NC para tramitarlo como proyecto de ley con vistas a elevar las prestaciones y complementarlas en las islas no capitalinas.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha presentado al pleno este decreto para su convalidación y ha explicado que amplía las prestaciones de dependencia, regula la asistencia personal y permite compatibilizar diferentes ayudas para mejorar la atención domiciliaria.

En un primer bloque, la nueva normativa incorpora el denominado grado 3 plus, un nivel diseñado para proteger a pacientes que requieren apoyos intensivos en el domicilio por enfermedades neurológicas irreversibles como la ELA.

Para estos enfermos se establece una prestación económica finalista vinculada al servicio o a la asistencia personal, con una cuantía máxima de 9.859 euros anuales.

El segundo pilar regula la figura del asistente personal, fijando unas tarifas de 436 euros mensuales para el grado 1, de 577 euros para el grado 2 y de 900 euros para el grado 3, de los que el Estado abona 315, 400 y 747 euros.

El tercer eje del decreto permite que los dependientes puedan simultanear diferentes recursos públicos que hasta ahora resultaban incompatibles entre sí, de manera que el Servicio de Ayuda a Domicilio podrá combinarse con la asistencia a centros de día y de noche, la teleasistencia o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, ha explicado la consejera.

Todos los grupos han apoyado el decreto, aunque tanto el PSOE como Nueva Canarias han pedido sin éxito que se tramite en el Parlamento como proyecto de ley para poder introducir mejoras, entre ellas las cuantías para la contratación de asistentes personales, sobre todo en las islas no capitalinas, donde hay escasez de estos servicios.

La diputada del PSOE Elena Máñez aseguró que Canarias tiene margen para mejorar las prestaciones para asistencia personal desde los 900 a los 1.000 euros, que es la media española, y para tratar de corregir la desigualdad territorial de las islas no capitalinas, donde se necesita un complemento específico por la falta de servicios y profesionales.

Natalia Santana, de Nueva Canarias, también pidió corregir la desigualdad para las islas periféricas, ya que la escasez de empresas prestadoras de servicios se traduce en que en la práctica no llegue la atención, así como aumentar la cuantía de 900 euros y ampliar la compatibilidad de prestaciones.

La diputada de Vox Paula Jover consideró positivo el decreto, pero afirmó que las prestaciones son insuficientes cuando se comparan con los recursos que se destinan a atender a las personas migrantes menores de edad.