El Parlamento tratará la Iniciativa Popular sobre antenas de telefonía móvil pese a la negativa del Gobierno
La Iniciativa Popular reguladora de la ubicación de las infraestructuras de radiocomunicación y telefonía móvil de Canarias será tratada finalmente por el Parlamento de Canarias tras dos años desde su presentación, a pesar de la negativa del Gobierno de Canarias.
Los grupos parlamentarios han aceptado por unanimidad tomar en consideración la iniciativa, precedida por una comunicación del Gobierno regional que la rechazaba al haberse presentado ya una Proposición No de Ley (PNL) similar.
La iniciativa fue presentada por el portavoz de Los Verdes, Rafael Rodríguez Santana, quien matizó que no es sólo portavoz de esta formación política, sino de las 26.309 personas que con su firma han respaldado el proyecto.
Rodríguez Santana pidió que “como mínimo, y en un gesto de respeto a la ciudadanía” se tomara en consideración, “para enmendarla pero no rechazarla como pretende el Gobierno de Canarias”.
“La toma en consideración de esta Ley será la apuesta del Parlamento por el interés de los canarios y canarias, su rechazo significa que la salud ha sido puesta a los pies de los caballos y de los intereses comerciales de las empresas operadoras”, declaró.
Las razones esgrimidas para su defensa fueron que “existe más que una duda razonable sobre la exposición prolongada a las antenas” y su incidencia en la salud y el hecho de que se quiera acabar con “el descontrol que impera en el mercado donde prevalece la Ley de la Selva”.
“La Ley de Directrices de Ordenación de las Telecomunicaciones, con cinco años de retraso, no es razón para su rechazo, ya que la iniciativa prevé la conciliación con esta Ley”, explicó Santana, quien añadió que “se pretende dotar de herramientas a Cabildos y Ayuntamientos que están en situación de indefensión y les permitiría tener competencias para la ordenación de las antenas”.
Fernández González rechaza cualquier vinculación negativa de las antenas con la salud
El diputado del Partido Popular (PP) Manuel Fernández González, si bien se prestó a tomar en consideración la propuesta en consonancia con lo declarado por su grupo parlamentario, sí quiso dejar claro que rechaza “absolutamente” cualquier vinculación negativa de las antenas de telefonía móvil con la salud.
“No estoy de acuerdo en absoluto del temor por la salud, porque de ser así nos estaríamos suicidando no sólo en Canarias, sino en todo el mundo -dijo- No se da en ningún caso muestras para que sean dañinas para la salud”.
Según González, “si fuera malo para la salud, ya estaría prohibido”, justificando su rotundidad en el hecho de que dice preocuparle que “la gente que desconoce los efectos reales sienta temor”. “No tenemos derecho a atermorizarles de esa manera”, agregó.
El resto de grupos también dio su apoyo a la toma en consideración de la iniciativa. La portavoz nacionalista, Belén Allende, dijo que “es fundamental ordenar las antenas y preservar posibles consecuencias para la salud” y alabó que en la iniciativa “se intenta minimizar los impactos, medioambientales, que tiene repercusión en la salud, urbanísticos y visual”.
“Hay buscar puntos en común que permitan un desarrollo de la sociedad de la información, garantizando la cobertura con igualdad de condiciones para todos los canarios”, declaró.
Los operadores eligieron la ubicación de las antenas
Por su parte, el portavoz socialista en materia de Sanidad, Juan Carlos Alemán, recordó que “han sido los operadores los que han elegido las ubicaciones de las antenas atendiendo a razones comerciales a falta de una delimitación legal regional”.
“Existe el puro liberalismo, no hay ningún control, funcionan en base a lo que quieran los operadores -declaró- el vacío legal que existe ha permitido instalación sin licencias, sirviéndose sólo de contratos con los propietarios de los lugares donde se instala”.
