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Pérez tilda de “despropósito” la gestión del Gobierno español de la iniciativa europea de Garantía Juvenil

El secretario de Educación, José Miguel Pérez. (Efe/ Ángel Medina G.).

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

El secretario de Educación del Partido Socialista, José Miguel Pérez, ha asegurado este jueves que la gestión realizada por el Gobierno de España en materia de la iniciativa europea denominada Garantía Juvenil “es un auténtico despropósito”.

Pérez ha denunciado la atención que el Partido Popular está realizando a esta iniciativa y ha recalcado en la definición de la palabra despropósito, la cual asegura que “se trata de una gestión hecha fuera de razón, de sentido o de conveniencia. En definitiva una gestión que amenaza el propósito con que se creó”.

El actual vicepresidente del Gobierno canario ha recordado que la iniciativa de Garantía Juvenil va dirigida a aquellas regiones europeas con tasas de desempleo juvenil superior al 25% y pretende garantizar a los menores de 25 años “buenas ofertas de empleo, de educación continua o un período de prácticas en el período máximo de 4 meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados”.

A tal efecto, el Consejo Europeo aprobó, como principal instrumento y mecanismo de financiación, un refuerzo económico de 6.000 millones bajo la denominada Iniciativa de Empleo Juvenil para el período 2014- 2020 del que se beneficiarán todas las regiones que tengan tasas de desempleo juvenil por encima del 25%. El 50% de ese fondo procede de una línea presupuestaria específica y el resto de una parte de la asignación del Fondo Social Europeo a cada uno de los países.

En 2013, Rajoy presentó una estrategia denominada de Emprendimiento y Empleo Joven, la cual estaba basada en “objetivos y acciones propias de la iniciativa europea” pero que no recoge sus compromisos, “especialmente el de temporalidad que es su gran novedad, se trata de un documento inoperativo que provoca el retraso del desarrollo de la iniciativa europea más de un año”. Un año más tarde, en julio de 2014, el Gobierno español aprobó un Real Decreto que regulaba el Sistema nacional de Garantía Juvenil que llevaba aparejado un Programa Operativo, aunque José Miguel Pérez asegura que el mismo “todavía no ha sido aprobado”.

El Real Decreto crea un Registro Telemático y un procedimiento de inscripción y a través de esta normativa se crea el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que constituye el sistema oficial de información y seguimiento sobre la implementación de la Garantía Juvenil en España con un procedimiento de inscripción en el Registro se ha establecido de manera telemática a través de identificación electrónica (DNI electrónico, Certificado electrónico u otros medios reconocidos) y con usuario y contraseña. Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social y/o discapacidad, se podrá solicitar la inscripción de forma presencial.

Para inscribirse en el registro de Garantía Juvenil, así como para ser beneficiario de alguna de las medidas, será necesario el cumplimento de algunos requisitos, hecho que Pérez denuncia que sirve para que el Gobierno “ejerza un control sobre las acciones que se desarrollarán en las Comunidades Autónomas y que se está a expensas de su implementación para la puesta en marcha de la Garantía Juvenil en aquéllas”.

Así, en en opinión del que fuera presidente del Cabildo de Gran Canaria, se está restringiendo “el marco de acción, impone las condiciones del Plan Nacional y dificulta las adaptaciones al propio contexto socioeconómico de las Comunidades Autónomas españolas”.

Por último, Pérez ha denunciado lo “enrevesado” del procedimiento, el cual solo ha permitido inscribir algo más de 370 jóvenes en toda Canarias, “menos de un cinco por ciento de los jóvenes a los que el Gobierno canario se ha comprometido a atender”. En cuanto al nivel español el panorama es igual de desolador porque sobre un cálculo del propio Gobierno español del potencial de demandantes (850.000) “las inscripciones alcanzan unas 30.000”, lo cual es “comprensible” ateniéndose a los hechos que ponen de manifiesto “los prejuicios ideológicos del Partido Popular” y su “afán recentralizador y su interpretación restrictiva de los requisitos de acceso, así como su incapacidad de gestión que amenazan seriamente el éxito de una iniciativa pensada en gran medida para los jóvenes de nuestro país”.

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