La permuta del Canódromo se cerró sin ''contacto político''
Eduardo Fernández, empresario beneficiado en 2002 con la operación de compraventa de los terrenos del Canódromo en nueve millones de euros, nunca tuvo contactos con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria de entonces, José Manuel Soria, o su concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, a la hora de negociar las condiciones de la permuta entre su mercantil, Urbacan, y el Consistorio.
Fernández, propietario de la inmobiliaria Inprocansa, matriz de Urbacan, declaró ante el juez del caso que mantiene imputado al actual alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, que el único contacto político fue precisamente con el entonces concejal de Urbanismo, pero solo en el momento de acudir a rubricar con sus firmas el polémico convenio urbanístico, hace ahora diez años.
En una comparecencia menos extensa que la mantenida el día anterior por el alcalde, Fernández Álvarez también nombró en sede judicial al coordinador de Urbanismo, José Setién, el jefe del Servicio de Planeamiento, Juan Miguel Cerpa, y el funcionario García Carrillo, como sus interlocutores en las reuniones previas para negociar las condiciones de la operación, ejecutada finalmente como permuta con unas tasaciones a favor de la mercantil cuestionadas por su excesivo valor.
A preguntas del ministerio fiscal, el promotor inmobiliario no aclaró si en esas reuniones los técnicos municipales le indicaban si tenían el beneplácito de Juan José Cardona, sino que el equipo de Setién se limitaba a decirle el “interés político en conseguir esa parcela”. Nunca le manifestaron, dijo, los contactos que los funcionarios encargados de la negociación durante dos años, entre 2000 y 2002, mantuvieran con el concejal de Urbanismo.
Eduardo Fernández también indicó en su declaración judicial que cuando se dirigió por primera vez al Ayuntamiento para tratar sobre la adquisición de los terrenos del Canódromo, en 1999, no era todavía propietario de los mismos y simplemente contaba con una opción de compra pactada con la antigua dueña. Negó entonces que el cambio de calificación del suelo a residencial fuera condicionante para ejecutar la compra de los terrenos a los antiguos propietarios, con quien constituyó, al 50%, Urbacan para realizar la operación.
A pesar de referirse a la opción de compra de los terrenos que había pactado previamente con la propietaria, Fernández no conserva el documento que mantiene haber firmado el 5 de noviembre de 1999, pero que en el mismo se recoge la primera propuesta realizada al Ayuntamiento para permutar el Canódromo, cuando Urbacan era al 50% del empresario imputado y de la antigua propietaria, María Flores Díaz Pulido. Posteriormente, Fernández adquirió el 100% de la empresa.
El empresario reconoció que fueron los técnicos quienes le propusieron modificar su primera propuesta de convenio, pero que para ello era necesario cambiar el Plan General de Ordenación de la ciudad, como así se hizo para incrementar la edificabilidad de la zona al convertir el suelo en residencial. Fernández negó que exigiera como garantía de la operación la modificación de la ordenanza para permitir construir viviendas en la parcela.
Fernández explicó que la venta de los terrenos a Realia se produjo en documento privado el 26 de abril de 2001 -once meses y un día después de la firma del primer convenio con el Ayuntamiento, modificado al final en el definitivo de abril de 2002- y se hizo en función del contenido del primer convenio por un valor de siete millones de euros, un precio inferior al que figura en el documento de compraventa por no existir edificabilidad comercial.
Sin embargo, Realia exigió a Eduardo Fernández que siguiera él con las negociaciones con el Ayuntamiento para culminar el convenio urbanístico, en el que al final se incluyen las parcelas de Allmatriche y de Las Torres. En las negociaciones posteriores hubo muchos más cambios de condiciones hasta la firma final del convenio urbanístico en 2002.
El empresario aseguró que la operación por la que percibe un beneficio de nueve millones de euros no fue tan beneficiosa porque tuvo que invertir unos tres millones de euros y pagar una serie de gastos, aparte del tiempo transcurrido desde 1999.
