Petición de cinco años de prisión para el alcalde de Valle Gran Rey
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha pedido que se impongan cinco años de prisión con inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio al alcalde Valle Gran Rey (La Gomera), Esteban Bethencourt (CC), al que acusa de malversar fondos municipales.
En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal señaló que en 1999 el también diputado regional de Coalición Canaria (CC) cobró “con la intención de enriquecerse ilícitamente” a coste del erario público municipal 38.638,59 euros en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.
Añade que ese cobro se produjo “sin que en ningún caso” justificase la razón, necesidad o utilidad del desplazamiento efectuado.
La Fiscalía apuntó que Esteban Bethencourt no se acogió a la modalidad de dedicación exclusiva, “por lo que no podía percibir” retribución o sueldo del ayuntamiento, salvo las cantidades correspondientes por asistencia a las reuniones de los órganos de gobierno municipales o a las indemnizaciones por gastos soportados en actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones.
Agregó que, por traslados fuera de la isla, Esteban Bethencourt percibía en concepto de dieta 90,15 euros por día, más los gastos de desplazamiento, hotel en su caso y comidas oficiales. Y explicó que las referidas indemnizaciones se reducirían en un 505 cuando no se pernoctase fuera del domicilio.
Según la Fiscalía, al alcalde de Valle Gran Rey le fueron abonados 338 días al 100% de la dieta por gastos de manutención, lo que supuso una cantidad de 30.471,31 euros.
En “todo caso” debieron ser 179 días al cien por ciento de la dieta y 64 días al 50% de la dieta, con una cantidad total de 19.022,03 euros, comentó la Fiscalía.
Explicó que en ese año Esteban Bethencourt percibió del Parlamento de Canarias 6.731,33 euros en concepto de asistencias y dietas. Si bien “con el persistente ánimo injusto de enriquecerse en perjuicio” del Ayuntamiento de Valle Gran Rey percibió de éste las cantidades que le correspondían por desplazamientos a la Cámara.
La Fiscalía consideró que los hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y, además de los cinco años de prisión con inhabilitación especial, pidió para Esteban Bethencourt una pena de nueve años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
