Piden ampliar a 3 años la moratoria de desahucios

El doctor en Ciencias Económicas y expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada, Julio Rodríguez, cree que reducir los intereses de demora y ampliar la moratoria a tres años son algunas de las medidas fundamentales que habría que incluir en la nueva Ley Antidesahucios, actualmente en tramitación parlamentaria.

Así lo ha afirmado en la Comisión de Economía del Congreso, ante la que ha comparecido en primer lugar en el marco de la ronda de consultas con expertos, afectados y responsables financieros que se producirán este martes y mañana.

Rodríguez cree que hay que “tratar con vigor” el problema de los desahucios, lo que a su juicio pasa por fijar tipos máximos en los intereses de demora al interés legal del dinero más dos puntos, aproximadamente un 6%, la mitad de lo que ha propuesto el Gobierno, que a su juicio es “un tipo muy alto”.

Además, reclama que la moratoria se extienda a tres años, porque cuando acabe el periodo fijado en noviembre de 2014 “las cosas no habrán cambiado sustancialmente”, además de paralizar los intereses de demora durante ese tiempo.

En la misma línea, es necesario ampliar los umbrales a 3 veces el IPREM y los requisitos de los precios de adquisición de la vivienda, así como rebajar al 50% el máximo de cuota sobre los ingresos familiares. Además, para algunos casos llega a reclamar la suspensión del procedimiento, aunque sea “un paso fuerte que habría que establecer con cuidado para evitar el efecto arrastre” y con revisiones semestrales.

Los nuevos préstamos hipotecarios deberían, a su juicio, otorgarse por un plazo máximo de 30 años, con respaldo de financiación por el mismo periodo y nunca por encima del 80% del valor del bien hipotecado. “Si se superan esos topes no se podrían usar esos préstamos para la emisión de títulos hipotecarios”, ha matizado.

Código de buenas prácticas

Por otra parte, Rodríguez aboga también por difundir de una manera más amplia las exigencias previstas en el Código de Buenas Prácticas, que debería ser permanente y obligatorio para todas las entidades. Además, defiende que sea obligatorio que el banco, “cuando detecte un moroso potencial que puede acogerse al Código, esté obligado a avisarle”.

El experto aboga asimismo por aceptar que las cláusulas abusivas (cláusulas suelo, multidivisas, swap...) sean causa de anulación del contrato, que el valor de tasación para la ejecución de la garantía no sea inferior al valor tomado como referencia al conceder el préstamo, o que se refuerce la independencia de las tasadoras con respecto de las entidades financieras.

Rodríguez también pide que se modifique el procedimiento de subastas, elevando al 75% porcentaje mínimo de adjudicación si hay postores y al 80% si no los hay, siempre sobre el valor de tasación, y permitir incluso la dación en pago en algunos casos de vivienda habitual.

Asimismo ha valorado la opción de que la obtención de plusvalías por parte del banco con la venta del inmueble permita reducir la carga del deudor, ya que “el crédito residual es la pesadilla de los compradores de vivienda”, y ha defendido la aplicación de daciones en pago retroactivas.

“El Gobierno debería además obligar a que primero se acuda a la garantía del moroso, y no a la del avalista”, ha añadido, reclamando por último una mejora de la cultura financiera, una Ley de Segunda Oportunidad para los deudores de buena fe, un plazo mínimo de impagos antes de poder ejecutarse la hipoteca o mejores estadísticas sobre esta realidad.

“La propiedad no está en el ADN español”

Con respecto a la promoción de las viviendas en alquiler, Rodríguez ha reclamado al Gobierno que garantice que las condiciones exigidas por los bancos para acceder a las viviendas encuadradas en el Fondo Social sean homogéneos y que se difunden adecuadamente, así como que apueste de forma decidida por la cultura del alquiler y por crear un parque público.

“Los españoles no llevamos en el ADN ser forofos de la vivienda en propiedad, pero está claro que el régimen político que tuvimos durante casi 40 años fue muy importante y la Democracia mantuvo una fiscalidad muy favorable a la propiedad en el IRPF”, ha dicho.

En cualquier caso, ha recordado que todos estos cambios en la Ley Hipotecaria, Concursal o de Enjuiciamiento Civil son fundamentales para atajar el problema de los desahucios, aunque ha reconocido que es necesario “hacerlo manteniendo la solvencia del sistema financiero” y teniendo en cuenta que “las entidades financieras deben apelar a los mercados” para acceder a financiación en lugar de al Banco Central Europeo (BCE) como se ha hecho en los últimos años.

“Hay que buscar diversificar la economía y no pensar que todo se va a hacer con crédito, porque todo apunta a que en los próximos años el crédito tendrá un crecimiento mucho más moderado”, ha añadido, citando el dicho popular de que “las plantas altas tienen raíces largas”, lo que en este caso significa que, a la vista del largo periodo de bonanza, la recesión se prolongará todavía durante un tiempo.

En este sentido, ha instado a adoptar “medidas keynesianas” para hacer frente a la crisis y al paro, sobre todo porque la mitad de los empleos destruidos en este tiempo procedían de la construcción y ése es “un desempleo de falta de demanda y eso no se combate sólo con medidas neoclásicas de flexibilización de las condiciones de trabajo”.

25.000 millones en riesgo

Finalmente, Rodríguez ha aportado datos del INE y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativas a créditos hipotecarios y desahucios. En este sentido, ha recordado que aunque la morosidad de compradores de vivienda está “sólo” en el 3,63% la base supera los 630.000 millones, por lo que actualmente hay 23.227 millones de euros de pago dudoso.

“Con la tasa de morosidad creciendo al 30% anual, unos 200.000 préstamos están en riesgo de morosidad, lo que significa riesgo de aumento de las ejecuciones hipotecarias. A finales de año tendremos 25.000 millones de euros de créditos morosos a comprador de vivienda”, ha señalado, precisando que las zonas más afectadas son Murcia, Valencia y Canarias, mientras que País Vasco es el ejemplo de buenas prácticas en este sector.

Además, se ha pasado de 17.600 ejecuciones hipotecarias en 2006 a más de 93.600 en 2010, con 234.000 lanzamientos acumulados desde el inicio de la crisis. “Si sólo el 10% de esas ejecuciones son de vivienda habitual habría 41.600 ejecuciones y 23.400 lanzamientos”, ha alertado.

Finalmente, Rodríguez ha asegurado que si durante estos años se hubieran seguido aplicando las políticas de gestión de créditos del Banco Hipotecario --no prestar para comprar suelo, máximo del 80% sobre el valor del bien, contar con licencia de obra y retener el 25% del crédito hasta cerrar la venta-- “a lo mejor no habría habido burbuja inmobiliaria”.