Piden pactar la reforma de las telecomunicaciones
El director general de la Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias, Juan Ruiz Alzola, ha pedido al Gobierno central que coordine con las comunidades autónomas cuestiones “vitales” como la reforma de la Ley General de telecomunicaciones.
La petición se incluye en una carta que ha remitido Juan Ruiz Alzola al secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, informa el Gobierno canario en un comunicado.
Ruiz Alzola explica que de esta manera se trata de que Canarias y las restantes comunidades puedan tratar con el Ministerio cuestiones vitales para las islas como la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, la agenda digital para España, la inclusión de este sector en las estrategias de especialización inteligente requeridas por la Unión Europea, la situación de la televisión digital y la liberación del dividendo digital, entre otras.
Por este motivo, Juan Ruiz reitera la solicitud al Ministerio para que convoque los órganos colegiados en los que participan las autonomías, en particular, la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (CATSI).
El director de ACIISI aclara en su escrito que el Ministerio “no ha convocado ni en una sola ocasión en la presente legislatura los órganos colegiados de participación de las comunidades autónomas por lo que no ha sido posible tratar con el Estado asuntos de suma importancia para Canarias en esta materia.
Así, se le comunica de forma oficial al Ministerio competente que “en el caso particular del CATSI, órgano previsto en la vigente Ley General de Telecomunicaciones, ni siquiera se ha respetado el Real Decreto que dispone que el pleno del Consejo se reunirá una vez al semestre en sesión ordinaria, y en extraordinaria por decisión del presidente o cuando lo solicite la mitad más uno de sus miembros.
Y añade, “no parece admisible que una delegación de funciones en la Comisión Permanente pueda desnaturalizar el órgano plenario hasta el extremo de convertirlo en inútil, de tal modo que la Comisión Permanente detente las funciones que el ordenamiento ha asignado al Pleno.
