La Policía se incauta de un expediente del Cabildo para el 'caso Mogán'
operación Góndola
Según fuentes de la investigación, el empresario Santiago Santana Cazorla, en libertad con cargos tras haber sido detenido este lunes, se valió de una subvención de 300.000 euros del Cabildo de Gran Canaria para construir una depuradora en el pago de Taurito, en Mogán.
Pero para poder acceder a esa ayuda pública, el empresario presionó al alcalde de Mogán, Francisco González, del PP, también detenido en esta operación, con el fin de que facilitara una licencia provisional, según ha publicado Canarias7.
La subvención no era posible sin ese requisito, así que se sospecha que el alcalde vulneró preceptos legales para atender la demanda que le hacía el empresario Santana Cazorla. En concreto, la depuradora iba a ser instalada sobre suelo rústico.
Según ha trascendido de las declaraciones del alcalde, Francisco González, como de la teniente de alcalde, Onalia Bueno, también detenida hace dos semanas e imputada con seis delitos por el juez, ambos explicaron que debían elegir entre permitir una depuradora sobre suelo rústico o que las aguas fecales siguieran contaminando la costa del litoral.
Con una orden del juez que instruye la causa, CANARIAS AHORA ha podido saber que agentes del Cuerpo Superior de Policía se llevaron este martes de dependencias del Cabildo de Gran Canaria documentación referida a esta depuradora, uno de los casos que están siendo investigados dentro de la operación Góndola.
La autorización para otorgar dicha subvención a Santana Cazorla partió del actual grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, si bien el titular de Aguas, José Jiménez, indicó a este periódico que el expediente se inició en el anterior mandato.
