PP y CC impiden reenviar el 'caso Amorós' al Tribunal de Cuentas
Los representantes del Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) en la ponencia que elabora la propuesta de conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el denominado caso Amorós rechazaron este lunes incluir en el dictamen el punto mediante el que el Parlamento debía instar a la Audiencia de Cuentas a solicitar un segundo informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la Dirección General del Tesoro durante los años 1996, 1997 y 1998. Los socialistas proponían que se remitiese el expediente, la documentación y las grabaciones de las comparecencias recabadas en el transcurso de los trabajos de la Comisión a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que investigase si fueron constitutivas de delito, mientras que el punto se ha cambiado por un recordatorio a la Audiencia de cuáles son sus funciones, que remita sus informes al órgano superior “cuando aprecie visos de ilegalidad”.
El acuerdo fue imposible al estar avalado únicamente por el Partido Socialista Canario (PSC)-PSOE, cuyo representante en este órgano, José Alcaraz, criticó que CC y PP se hayan “desdicho” de lo acordado en la anterior reunión. “CC y PP han pactado claramente las conclusiones”, afirmó Alcaraz, explicando que las dos únicas que reconocen la existencia de actuaciones al margen de la legalidad salieron adelante “por la responsabilidad del PSC”, que votó a favor, a pesar de considerar que la redacción propuesta por el PP ?la que se aceptó- es “claramente insuficiente”. La socialista, “mucho más contundente” no fue aceptada por el PP, así que era “la de ellos o permitir que se concluyera diciendo que no pasó nada”.
CC no aceptó si quiera la propuesta popular, que admite la existencia de un circuito irregular de pagos por trabajos para la Administración Pública y la responsabilidad política del ex director general del Tesoro, Alberto Amorós, por lo que su portavoz parlamentario, José Miguel González, anunció que añadirán al dictamen su voto particular, lo que también hará el PSC, aunque en sentido contrario.
Las dos conclusiones más importantes son la número 6, que revela la no inclusión en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de los pagos derivados de los convenios entre la Dirección General y las entidades financieras firmados el 22 de marzo de 1996 y prorrogados el 16 de junio de 1997, lo que considera un “medio irregular fuera de toda legalidad, publicidad y control de los fondos públicos para encargar trabajos sin ser sometidos a los requisitos de las normas de contratación pública”. La otra, la número 7, implica que el Parlamento de Canarias achaca actuaciones a Amorós durante los ejercicios 1996, 97 y 98 que “no se ajustaron a las normas de derecho administrativo y contratación pública en la autorización de los pagos” por los trabajos incluidos en los convenios.
Dado que Amorós ya no forma parte del Gobierno autónomo, esta imputación de responsabilidades políticas se queda en una “mera reprobación pública” de su gestión, indicó Alcaraz, aunque no descarta que el PSC emprenda alguna acción por la vía judicial, como podría ser personarse en las diligencias abiertas actualmente, a raíz de una denuncia presentada por Los Verdes.
Los socialistas consideran que las responsabilidades políticas debían haberse extendido al ex consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Francisco, “porque dijo en su comparecencia que avalaba la gestión de Amorós” y también pretendían “reprochar la ausencia de actuaciones de la Intervención General y la Inspección General de Servicios”.
Tras la reunión de este lunes, el borrador de conclusiones ha quedado listo para su paso la Comisión de Investigación, que posteriormente lo remitirá a sesión plenaria, donde quedará definitivamente aprobado.
