El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas cobra más que Zapatero
El presidente y el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas cobran más que los presidentes de los que dependen sus nombramientos. Así se desprende del informe de auditoría operativa provisional de la Intervención General del Estado correspondiente a 2009, remitido a ese organismo el pasado 11 de enero. Según ese informe, Javier Sánchez-Simón percibió en ese ejercicio un mínimo de 101.072 euros, y el director de la Autoridad Portuaria, José Daniel López, lo superó en unos euros, cobrando más de 101.599.
Ambos directivos cobraron más de lo que actualmente perciben los presidentes de los que dependen: el de Canarias, Paulino Rivero, que propone al presidente de la Autoridad Portuaria, cobra actualmente 79.963 euros, tras rebajarse su sueldo en 2010 en un 15%, y el presidente del Gobierno, quien autoriza el nombramiento a través del Ministerio de Fomento, cobraba en 2009 91.982 euros, de los que se ha rebajado otro 15% hasta dejar situado su salario bruto anual en 78.185 euros.
El sueldo del presidente y del director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se calcula en base a unas retribuciones básicas, fijadas en el caso de Sánchez-Simón en 75.646 euros en 2009, antes de la rebaja generalizada en toda la Administración del Estado, más unas retribuciones variables, como por ejemplo, la productividad.
Sin embargo, a ese sueldo base se sumó ese año un plus de residencia de 2.052 euros al año y unas retribuciones variables que supusieron un 30,9% de su salario, es decir, 23.374 euros.
En el caso del director de la Autoridad Portuaria, sus emolumentos variables se elevaron a 21.537 euros, siempre según los datos aportados por la auditoría de la Intervención General del Estado.
Pese a que los altos cargos de la Administración del Estado y de la Administración autonómica se rebajaron en 2010 sus ingresos en un promedio de un 12%, estos dos directivos de Puertos de Las Palmas sólo lo hicieron en un 5%.
El informe de auditoría de la Intervención General del Estado tiene carácter provisional y contra él caben las alegaciones en un plazo de quince días. La Autoridad Portuaria ya ha contestado.
