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El principal sospechoso del caso Corredor se niega a declarar

El empresario de la noche lagunera Evaristo González se manifiesta convencido de que "no hay causa"

Algunos abogados del caso están convencidos de que habrá nuevas imputaciones, al igual que habrá sobreseimientos

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El empresario Evaristo González en el Juzgado de La Laguna. FOTO: Delia Padrón / 'La Opinión de Tenerife'

El empresario Evaristo González en el Juzgado de La Laguna. FOTO: Delia Padrón / 'La Opinión de Tenerife'

El empresario de la noche Evaristo González Reyes, uno de los principales investigados en el caso Corredor, junto con el alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC, Fernando Clavijo, se acogió a su derecho a no declarar y este martes no respondió a ninguna de las preguntas que pretendían formularle el juez, la Fiscalía o los abogados personados en la causa por delitos relacionados con la corrupción. 

Por no responder, no respondió ni a su abogado, Santiago Martínez, convencido de que el caso Corredor será sobreseído y archivado por nulidad de todas las actuaciones, al desaparecer el auto judicial por el que se autorizó llevar a cabo escuchas telefónicas entre una veintena de sospechosos, que derivaron en la detención en 2012 de varias personas, entre ellas, el empresario. 

De esta forma, lo que iba a ser una larga mañana de declaraciones, se resumió en más o menos, media hora. Según fuentes judiciales, Evaristo González manifestó que estaba convencido de que no había causa y de que llegado el momento en que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife resuelva los recursos presentados, entre otros, por él mismo, se dará carpetazo al asunto. 

González Reyes está imputado por el juez de Instrucción número 1 de La Laguna, Cesar Romero Pamparacuatro, en los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, ya que pese a ser un particular, habría ofertado dinero para evitar los cierres de varios de sus locales de la noche lagunera, o habría influenciado para evitar expedientes sancionadores por incumplir los horarios de cierre, lo que ha supuesto las imputaciones por los mismo delitos del alcalde Clavijo. 

A su vez, es el principal imputado en dos piezas separadas que han surgido durante la instrucción de este caso, y sobre las que tampoco quiso pronunciarse en la sede judicial, ambas por delitos relacionados con la Administración Pública. 

Una de esas piezas es por posibles delitos en el patrimonio y en el orden socioeconómico, por falsedad documental y contra la Administración de Justicia, según recoge Pamparacuatro en su auto del 11 de noviembre pasado. La segunda pieza de la que Evaristo González es protagonista se apoya en un informe de la Policía Nacional de 9 de noviembre de 2011, en el que se detalla un posible fraude de más de 250.000 euros a la Seguridad Social en la contratación fraudulenta de trabajadores para sus establecimientos de ocio.

Una guerra "particular" 

Mientras González Reyes se apoya en la inexistencia del auto inicial para llevar a cabo las escuchas telefónicas y tumbar todo el proceso, el juez ha abierto una pieza paralela por la desaparición del mismo de la que el empresario es, precisamente, el primer sospechoso, según apunta la fiscal anticorrupción en la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez, que se basa en escuchas telefónicas en las que González se habría referido a la destrucción del documento. 

Preguntado por este punto, el sospechoso manifestó el pasado jueves a la prensa que "no se puede robar lo que nunca ha existido", y añadió que "nunca va a haber juicio oral por este caso". Asimismo calificó como “un desastre” toda la investigación.

El empresario lagunero tiene en su "guerra" contra Pamparacuatro otro de los ejes de su defensa. Le quiso recusar sin éxito después de que fuera detenido en 2012 por fraude y estafa. No logró la recusación, pero sí que el magistrado fuese apartado de la causa desde el 12 de agosto de 2012 hasta febrero de 2013.

El caso se enreda con nuevos hechos que investigar

Lo que parece cada día más claro es que el caso Corredor puede ir para largo. Al margen de lo que se tarde en resolver los recursos de apelación que lleguen a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias también debe pronunciarse sobre la querella que ha interpuesto en contra del magistrado Romero Pamparacuatro el mismo Evaristo González, quien le acusa de "retraso malicioso en la Administración de Justicia", después de que el propio magistrado diese cuenta de que la instrucción estuvo técnicamente paralizada, durante casi dos años, por falta de un escáner para digitalizar los miles de folios que la integran.

Carlos Álvarez, abogado que representa en la causa al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Aguere, quien habría sido beneficiado por subvenciones que le correspondían, opina que el caso Corredor podría complicarse "hasta enredarse como un caso Gürtel, de años y años. Lo que es cierto es que está cada día más complicado, con nuevas piezas que investigar".

Se refiere a la investigación sobre las declaraciones que llevó a cabo el testigo y uno de los denunciantes, Isaac Tacoronte, quien acusó a la Policía Judicial de haberse hecho con su firma y haberse inventado un acta testifical a su nombre, y la nueva investigación sobre el supuesto secuestro que habría sufrido el otro denunciante, Carlos Calderón, quien habría identificado a esos secuestradores, uno de ellos una persona vinculada al ámbito de Evaristo González.

Casi segura la nulidad de las escuchas de septiembre a octubre de 2010

En esta maraña de actas de infracción falsas, en las que se habría perjudicado a algunos locales del ocio y no a otros; actas de infracción con abuso de autoridad, posibles tratos de favores y falsedades documentales, hay delitos e imputados que podrían ser sobreseído si el juez da por nulas las escuchas telefónicas entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre de 2010, carentes de autorización judicial.

Según las fuentes consultadas, todos los abogados personados en la causa se han mostrado a favor de la nulidad y, a falta de que la Fiscalía se pronuncie, todo apunta a que quedarán como no habidas.

Eso significaría el archivo de delito por fraude de subvenciones, lo que eliminaría las imputaciones que pesan, entre otros, sobre las concejales de La Laguna Blanca Pérez y María José Castañeda, además de Ricardo González Martín, quien se habría beneficiado de esas subvenciones.

Las fuentes consultadas auguran que los siguientes pasos que dará el juez será resolver sobre este motivo de nulidad y los posibles sobreseimientos para luego dictar nuevas providencias por las que citará a declarar a más testigos y a quienes Carlos Calderón acusa de su secuestro.

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