El protocolo antidesahucios sigue en punto muerto
El Protocolo Antidesahucios que ha elaborado la Plataforma de Afectados de las Hipotecas de Tenerife (PAH Tenerife) y que fue aprobado por unanimidad en un pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife, sigue siendo papel mojado, ya que no se ha llevado a cabo el desarrollo del documento, para lo que se celebró este martes una reunión entre representantes de la Plataforma y del Ayuntamiento.
En la reunión, los integrantes de la PAH explicaron de qué forma puede el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ejercer como intermediador con las entidades bancarias para encontrar soluciones a los más de 2.000 desahucios anunciados para las próximas semanas solo en este municipio, informó a este periódico la portavoz de la Plataforma, Inma Évora, por lo que se le hará llegar al alcalde un modelo de actuación que ya ha sido adoptado por otros ayuntamientos españoles.
La realidad es que, hoy por hoy, el protocolo está aprobado pero no se lleva a cabo porque no ha sido desarrollado. La Plataforma ha intentado durante semanas tener una reunión con el alcalde José Manuel Bermúdez (CC), e incluso convocó una concentración a las puertas del Ayuntamiento el pasado 5 de junio para ser recibidos por el regidor, pero la entrevista no se ha llevado a cabo hasta este martes.
Según una nota de prensa del Ayuntamiento, el alcalde ha propuesto “hacer un propio protocolo, combinando las políticas municipales de Atención Social, Viviendas y Hacienda”, y prometió que se hará llegar a la PAH los resultados de las conversaciones mantenidas con distintas entidades bancarias.
Devolución del Ibi y otros impuestos
Aparte de Bermúdez, participaron los concejales de Atención Social, el socialista José Manuel Arocha; el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé; y la concejal de Viviendas Municipales, Ángela Mena, ambos de CC. La principal conclusión fue la necesidad de crear una comisión para desarrollar el Protocolo, en la que aparte de los concejales mencionados participará el gerente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Gilberto Leandro Hernández.
Los integrantes de la PAH también pidieron que se deje de cobrar el IBI, y otros impuestos municipales relacionados con las viviendas, a las familias que ya han las han perdido o están en proceso de embargo, a lo que Bernabé respondió que ya ha dado la orden para que se devuelvan los impuestos cobrados indebidamente.
Asimismo, la PAH propuso que el parque de viviendas vacías de protección oficial se ponga a disposición de quienes han quedado sin techo con menores o personas dependientes a su cargo, mediante el impulso de los alquileres sociales (un 30 por ciento del total de ingresos de la unidad familiar, que es muchos casos es una subvención de 426 euros).
El Protocolo Antidesahucios fue elaborado por la Plataforma de Afectados de las Hipotecas, que lo registró en la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias de la que es responsable Guillermo Guigou, de Ciudadanos de Santa Cruz. Guigou llevó el protocolo a una comisión de control y de ahí, a un acuerdo plenario como moción institucional, y fue aprobado por unanimidad, aunque aún no ha sido aplicado.
