PSC acusa a Rivero y a Soria de los apagones en Canarias y culpan a los municipios por “ignorancia o mala fe”
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)
La diputada del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) Gloria Gutiérrez ha respondido a las declaraciones del presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero y José Manuel soria, que “deben dejar de echar balones fuera y de responsabilizar a los ayuntamientos de la ausencia de las infraestructuras necesarias para el suministro de energía en Canarias, y evitar apagones como los vividos en febrero en Tenerife”.
Gutiérrez aseguró mediante un comunicado de prensa que “el suministro eléctrico es un servicio público” que el Gobierno canario “tiene el deber de garantizar a todos los ciudadanos de Canarias”, y que “es especialmente grave” que tanto el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, como su vicepresidente, José Manuel Soria, “hagan declaraciones en las que apelan a los ayuntamientos y a pactos institucionales para la instalación de infraestructuras, cuando la legislación ya permite al Gobierno de Canarias permitir cualquier instalación para garantizar el servicio”.
Gutiérrez dijo además que “transmitir a la sociedad que la culpa es de las corporaciones locales es o por mala e o por ignorancia”. “Paulino Rivero y José Manuel Soria son los responsables, como presidente y vicepresidente autonómicos, de los apagones”, afirmó. Además, añade que la inspección de las infraestructuras corresponde al Gobierno de Canarias, así como explicar a la sociedad qué pasó realmente con los apagones. “Unelco es una empresa privada. Quien tiene la responsabilidad es el Gobierno de Canarias: la responsabilidad de que no ocurra más y de explicar por qué ocurre”.
LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO
El artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, de 1997, que fue reformada en 2007 precisamente para incluir dicho artículo, establece un 'Procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica'. Dicho articulado establece que “cuando razones justificadas de urgencia o excepcional interés para garantizar el suministro de energía eléctrica aconsejen el establecimiento de instalaciones de generación con potencia inferior a 50 mw, transporte y distribución, la consejería competente en materia de energía podrá declarar el interés general de las obras necesarias para la ejecución de dichas instalaciones”.
El artículo 6 bis añade que “los proyectos de construcción, modificación y ampliación de las instalaciones a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetos a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal. No obstante, serán remitidos por el órgano competente para su autorización al ayuntamiento y cabildo insular correspondiente para que, en el plazo de un mes, informen sobre la conformidad o disconformidad de tales proyectos con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor, transcurrido el cual se entenderá evacuado el trámite y continuará el procedimiento”.
Igualmente, el articulado que permite la actuación de oficio del Gobierno de Canarias dice en su apartado 3 que “en caso de disconformidad con el planeamiento o en ausencia de éste, se elevará el proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la ejecución y ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento territorial o urbanístico”.
En el último apartado del articulado, da vía libre al Gobierno de Canarias para garantizar el servicio, al estipular que “la conformidad de las Administraciones Públicas consultadas o, en su defecto, el acuerdo favorable del Gobierno de Canarias al que se refiere el apartado anterior, legitimarán por sí mismos la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística”.
RIVERO Y SORIA: 'NO A TODO'
Gutiérrez afirmó que el propio Rivero y José Manuel Soria son los del 'no a todo' en Canarias: “no conozco la ley, no garantizo el servicio público, no evalúo las infraestructuras, no tengo responsabilidad de nada”.
