El PSC pide que se suspenda la ordenación del suelo urbano consolidado
El grupo Socialista en el Parlamento regional ha registrado una proposición no de ley para que se suspenda la ordenación del suelo urbano consolidado si la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife.
En la proposición no de ley el PSC insta a suspender la aplicación de la figura de “fuera de ordenación” para edificios construidos legalmente, según afirma en un comunicado el grupo parlamentario Socialista.
El portavoz de dicho grupo, Santiago Pérez, considera “sorprendente” que el PP, que votó a favor de la aprobación provisional del Plan y que ha negado los perjuicios que el uso “arbitrario” de esta figura va a causar, diga ahora que va a presentar una propuesta para intentar corregir los límites legales establecidos para el suelo urbano y su ordenación.
También se insta al Gobierno de Canarias a que elabore una propuesta legislativa para modificar los límites de densidad poblacional en suelo urbano consolidado que recoge el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias, y que se regule con el suficiente nivel de detalle la figura de “fuera de ordenación”.
En su opinión, se están utilizando las limitaciones legales de densidad de población y la falta de regulación precisa de este régimen para cometer “arbitrariedades”.
El PSC explica que trata de modificar la legislación para restablecer el principio de seguridad jurídica, el de reparto equitativo de las cargas de planeamiento y, sobre todo, para evitar los daños patrimoniales “injustificados” que se van a producir si el PGO de Santa Cruz se aprueba en sus actuales términos.
El PSC quiere que toda esta nueva regulación legal se aplique con carácter retroactivo, “porque al tratarse de normas que refuerzan la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos, la Constitución lo permite”.
Santiago Pérez asegura que de aprobarse definitivamente el PGOU, se ocasionarían perjuicios a los derechos de propiedad y al valor de la propiedad de muchos ciudadanos del municipio, mientras que a otros se les reconocen mayores edificabilidad y, por tanto se incrementa el valor de sus propiedades.
