Sí se Puede pedirá que Lerena devuelva el dinero
El procedimiento aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para delimitar los pagos a proveedores o por servicios prestados con el fin de evitar el enriquecimiento injusto, ya tiene su primera consecuencia: la petición de Alternativa Sí Se Puede para que el empresario Lerena devuelva el dinero que le ha sido abonado por servicios que están judicializados.
En concreto, el abogado y concejal por SSP Pedro Fernández Arcila, va a pedir que los 115.000 euros que le han sido abonados al constructor de obras menores, Juan Antonio Lerena Sánchez, con un reconocimiento extrajudicial aprobado en Pleno, sean devueltos a las arcas públicas, “ya que existe posibilidad de fraude en los contratos y se investiga judicialmente por posible cohecho a Lerena”.
todo parte de la denuncia de Arcila y la ex concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Odalys Padrón, que revelaron que había una trabajadora por cuenta ajena “colada” en el área de Negociado de la Gerencia de Urbanismo, la misma de adjudicaba los contratos a Lerena, lo que ha sido denunciado penalmente y se lleva un juzgado de Instrucción de la capital tinerfeña.
La providencia se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual “este reconocimiento de cantidad con base a la doctrina del enriquecimiento injusto debe ser considerado una excepción y no como norma habitual en el reconocimiento de obligaciones de contenido económico”. Además, deben ser deudas del año en curso.
Sospecha de fraude
“De acuerdo con la providencia aprobada, Lerena debería devolver el dinero que se le ha pagado por reconocimiento extrajudicial en este año, por deudas pendientes desde 2010”, dijo Arcila. “Nunca debió pagarse, ya que el Plan de Ajuste permitía retener el dinero si había sospecha de fraude, como es el caso”.
Es posible que también se pida la devolución de parte de lo cobrado extrajudicialmente a Innova, la empresa de las hermanas Sosa Castro que ha cobrado por la misma vía servicios reconocidos fuera de presupuesto y del año en curso, también investigados judicialmente por haberse concedido sin concurso ni publicidad, y que finalmente fueron pagados.
Sí Se Puede valora que de una vez se imponga un criterio sobre los pagos extrajudiciales por enriquecimiento injusto con esta providencia, “que solo recuerda lo que dice el Supremo sobre este asunto, y de paso, ya no se puede alegar desconocimiento. Se trata de unificar criterios en el área política de Hacienda”.
Añadió que “cuando un servicio es un fraude, la doctrina del Supremo impide el pago, lo que se da en este caso, y vamos a reclamar la devolución de ese dinero”.
La Fiscalía efectuó la denuncia por cohecho contra Lerena después comprobar que Candelaria Martín ejercía como auxiliar administrativo en el Negociado de Espacios Naturales y Litoral del Servicio de Control y Gestión Medioambiental, cuando en realidad estaba contratada por el constructor Lerena Sánchez, que solo en dos años logró adjudicaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por valor de 1.255.000 euros.
Esa trabajadora ganó en juicio una plaza en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, justo por haber ejercido funciones que no le correspondían, y ahora ocupa una plaza que no existe en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, como personal laboral (auxiliar) en el departamento jurídico.
