Rafael Fernández Valverde: ''La solución al urbanismo es técnica, no penal''
Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y ponente del caso de Las Teresitas, manifestó este lunes que la solución a los problemas del urbanismo en España no debe basarse en las sanciones penales, sino en que sean los técnicos, y no los políticos, quienes asuman la gestión.
El magistrado, que participó en unas jornadas sobre Urbanismo y responsabilidad penal y contable organizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias, reivindicó “un urbanismo más local y más técnico”, porque si está vigilado por los jueces al final no habrá ni inversiones ni libertad.
El magistrado dijo a los periodistas que en el resto de Europa sería impensable que sean los alcaldes quienes gestionan el urbanismo en detrimento de los técnicos.
Para Fernández Valverde, los parámetros por los que debe conducirse el urbanismo no son los dictados por el Código Penal, sino que debe primarse la autonomía municipal en el diseño de las ciudades y en la discrecionalidad de los técnicos para su desarrollo.
Puso como ejemplo la decisión sobre una vía férrea: el político es el que decide si la infraestructura es necesaria, pero debe corresponder sólo a criterios técnicos por dónde va la vía o que paradas tiene.
“Todos los municipios quieren que el AVE tenga una parada , pero afortunadamente no se ha cedido a esa presión política de los ayuntamientos, porque se trata de una dimensión técnica”.
Afirmó que en España se ha destacado del urbanismo su dimensión penal, hasta el punto de que una desclasificación o una reclasificación urbanística parece que están unidas a una actividad delictiva, y no es así.
Fernández Valverde señaló que desde el punto de vista penal Canarias es una de las regiones más conflictivas en cuanto a urbanismo, junto con Andalucía y Cataluña, más destacada aún en términos relativos al tratarse sólo de dos provincias.
No quiso pronunciarse en particular sobre el pacto alcanzado por la Fiscalía con los imputados por ilegalidades urbanísticas en Marbella, aunque señaló que este tipo de acuerdos están permitidos en el ámbito penal y que la responsabilidad civil en el ámbito económico queda garantizada.
Según Fernández Valverde, “no hay que rasgarse las vestiduras” por pactos entre la fiscalía con delincuentes, porque por esa vía va la evolución del derecho penal, pero en el caso concreto de Marbella se limitó a señalar que “el Ministerio fiscal sabrá por qué ha llegado a ese acuerdo”.
“El derecho penal permite componentes de oportunidad”, dijo el magistrado, pero este tipo de actuaciones pasan por una devolución de carácter económico y la responsabilidad civil queda garantizada“, dijo.
Afirmó que las vulneraciones urbanísticas, al margen de si hay o no implicaciones penales, deben corregirse con la contribución económica del infractor para restaurar la legalidad.
Señaló como ejemplo que si ha habido una parcelación ilegal que ha llevado a la construcción de 200 chalés, no puede ser que luego sea el Ayuntamiento el que pague el asfaltado, el alumbrado y en general la urbanización de la zona.
La legalización de esas promociones deben pasar porque sean los vecinos los que contribuyan a esos gastos.
Se trata de que “quien ha construido ilegalmente no se vaya de rositas y que sea el resto de los ciudadanos los que paguen esa urbanización”, señaló.
