La reforma hace peligrar los servicios sociales
Los Colegios de Trabajo Social de Canarias han rechazado este martes el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que promueve el Gobierno del Estado porque, afirman, producirá uno de los mayores ataques que ha recibido el sistema público de servicios sociales.
Los trabajadores sociales señalan en un comunicado que con esta reforma se pretende reducir “a la mínima expresión” los servicios municipales en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, en los que se plantea suprimir las guarderías, la ayuda a domicilio, las pequeñas residencias para mayores y la atención a las personas con discapacidad discapacitados.
En Canarias las consecuencias serían más graves que en otras comunidades autónomas porque se verían afectados 61 de los 88 municipios de la isla, casi el 70% de los municipios que aglutina una población de más de 430.000 personas.
Por ello los Colegios de Trabajo Social de Canarias hacen un llamamiento a todas las instituciones de las islas para que muestren su rechazo a esta nueva ley que “lo que en realidad plantea es un desmantelamiento del sistema público de servicios sociales bajo criterios principalmente economicistas, anulando auténtico eje del Estado Social y de Derecho recogido en la Constitución”.
Los trabajadores sociales denuncian que esta ley responde en realidad a las políticas neoliberales que está imponiendo la troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la Comisión Europea), un organismo que no ha sido elegido por los ciudadanos y que, sin embargo, plantea unas políticas que contradicen incluso el programa electoral del Partido Popular que sí fue respaldado por la ciudadanía.
En 2011 en Canarias fueron atendidas por los Servicios Sociales municipales más de 720.000 demandas a través de los 2.300 profesionales que dentro de este ámbito trabajan en los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma.
El anteproyecto legislativo plantea que la prestación de los servicios sociales sean gestionados por las comunidades autónomas, y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tendrán como única competencia en la intervención social la “valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
Esto significa alejar a los ciudadanos más débiles de las instituciones más cercanas: los ayuntamientos y los cabildos.
“También supone el desprecio de un rol profesional como el del Trabajo Social que ha costado establecer lustros de mucho esfuerzo y que ha promovido desde hace décadas la intervención social y la atención primaria de los servicios sociales que ha formado parte activa del desarrollo de los servicios para la atención de los ciudadanos en los municipios hemos promovido”, denuncian.
Alertan, asimismo, sobre que este texto legal abre la puerta a desatender o en el mejor de los casos privatizar aquellos servicios que las comunidades autónomas no puedan atender por falta de recursos.
