Los 'renglones torcidos' del Barranco de Santos

El matrimonio formado por Julieta Escuela y Antonio Barroso compró una casa y un terreno en pleno Barranco de Santos a base de vender durante 28 años cupones de la Once en la calle porque él es invidente. Hace siete años fueron desalojados sin mayores contemplaciones de aquella vivienda de dos plantas y una huerta de más de 800 metros cuadrados para construir la vía arterial.

Desde entonces han tenido que hacer frente a todo tipo de problemas que han impedido cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento. Durante este tiempo invariablemente se les ha ofrecido dinero y otra vivienda por sus antiguas propiedades, pero sin que ninguna de estas ofertas se haya llegado a concretar. En principio se les otorgó la propiedad de dos casas de una promoción que se iba a construir en la cercana calle Plácido Sansón y, mientras, se les abonó el alquiler de otras dos a razón de 550 euros al mes durante dos años. Sin embargo, de pronto Urbanismo mantuvo que sólo tenían derecho a la indemnización ya que habían “descubierto” que eran propietarios de otra vivienda. Se vieron obligados a abandonar precipitadamente las casas alquiladas y, a partir de aquí, no tuvieron más noticias del Ayuntamiento hasta que hace unos días los llamaron para negociar.

Se trata de otro de los varios casos que se han producido en la construcción de esta vía que aún no se acaban de cerrar y que en otros han acabado en los tribunales con distinta suerte. Los renglones torcidos de una obra faraónica a los que nadie parece darle demasiada importancia. “Nos dijeron que nos teníamos que ir porque estábamos estorbando”, recuerda Barroso, quien señala que tan sólo les dejaron en pLAropiedad una parcela que ahora se ha convertido en apenas un trozo de terreno situado en una pendiente a la que es imposible darle ningún uso. “Un día llegaron con una orden de desahucio inmediato en la mano y nos tuvimos que ir a toda prisa. Hasta se nos quedaron cosas ahí dentro que nadie sabe a dónde han ido a parar. Nos echaron de nuestra casa como si fuéramos agua sucia”, recuerda Escuela durante una entrevista realizada en el puente que ahora transcurre sobre el lugar donde antes estaban sus propiedades.

Cuando habían decidido acogerse a la fórmula de que les pagaran un alquiler hasta que se construyeran las casas definitivas Urbanismo, les llamó para decirles que habían descubierto que tenían otras propiedades y que, por lo tanto, tenían que abandonar las que estaban siendo pagadas por el Ayuntamiento. “Creo que quienes no hicieron bien su trabajo fueron ellos porque no nos podía haber ofrecido una vivienda de protección oficial si nosotros éramos propietarios de otra. Pero es que nunca se nos preguntó. En esa casa estaba entonces viviendo yo con mi familia”, dice el hijo del matrimonio, Antonio Barroso.“Nos investigaron como si fuéramos ladrones o criminales. Nos trataron como a delincuentes. Dijeron que les estábamos engañando y nosotros les contestamos que esa casa era nuestra y la había pagado yo como mi trabajo”, señala el padre. Finalmente, la familia decidió abandonar la vivienda de alquiler y el matrimonio se refugió en La Gomera sin tener más noticias de Urbanismo. A partir de aquí, hace algunos meses apareció un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) por segunda vez a través del cual se les llamaba a negociar. Desde principios de enero han mantenido una serie de contactos con el Ayuntamiento cuyo resultado la familia resume de una única manera: “Están mareando la perdiz”.

“Si no tenían dinero para pagarnos a nosotros y a todos los demás vecinos nuestros no entiendo para que nos ofrecieron nada”, indica Escuela. Su marido recuerda que “a mi ni el Ayuntamiento ni Urbanismo, ni nadie me dio el dinero para comprar mi terreno y construir mi casa. Eso lo pagué yo”. Según les explicaron los terrenos se valoraron al alza para recibir una subvención de la Unión Europea (UE), pero de ese dinero los vecinos no han visto ni un duro. Por el contrario las obras han alcanzado un presupuesto de 80 millones que no se acabarán de pagar hasta dentro de, al menos, cuatro años. A su hija también le han retirado el alquiler que le abonaban por el mismo motivo. Como prueba del valor que tenían estos terrenos el propietario indica que llegaron a desembolsar 1.000 euros al año en contribución urbana.

El Ayuntamiento de Santa Cruz invirtió 1,5 millones de euros en el proceso de ejecución de las 14 expropiaciones que era necesario acometer en la tercera fase en la que se situaban los terrenos de estos propietarios. En 2006 el entonces concejal de Urbanismo Manuel Parejo anunció que las negociaciones con la totalidad de los afectados “han sido en algunos casos muy duras” y unos optaron por recibir una indemnización y otros unas viviendas sociales, siguiendo los criterios que se marcaron tras las lluvias torrenciales del 31 de marzo de 2002. En esta cifra estaba incluida el precio del terreno, el alquiler y la mudanza de las familias que lo precisaran, los pisos para ser realojadas y las indemnizaciones acordadas. En esta fase nueve vecinos optaron por recibir una casa en la misma zona y el resto una compensación económica. El caso de Barroso y Escuela, sin embargo, aún no se acaba de resolver.