El Parlamento prosigue con la Ley de Renovación y Modernización hotelera

El pleno del Parlamento de Canarias rechazó este jueves las dos enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, por la que se autoriza la construcción de nuevos hoteles aunque no sean de cinco estrellas, como hasta ahora.

Las nuevas autorizaciones se limitan por nuevos criterios de calidad en la construcción y en los servicios y por estándares de ecoeficiencia que serán definidos en un reglamento posterior, y entre tanto se arbitra un procedimiento transitorio.

Las enmiendas a la totalidad de PP y grupo Mixto fueron rechazadas por CC y PSOE, por lo que la reforma legal sigue su trámite y previsiblemente quedará aprobada de forma definitiva en el último pleno de la legislatura.

La reforma fue defendida ante la cámara legislativa por el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, quien recordó que esta modificación se realiza como consecuencia de la evaluación de la aplicación de la Ley de Renovación y Modernización Turística en sus dos años de vigencia.

Esa Ley establecía que las nuevas construcciones en suelos turísticos clasificados solo podían ser de cinco estrellas, ante lo que hubo quejas, sobre todo en Gran Canaria, para que se autorizaran también nuevos hoteles de cuatro estrellas.

La normativa que ahora propone el Gobierno de Canarias no limita las nuevas construcciones en función de las estrellas, sino del cumplimiento de parámetros de calidad en el servicio, en la construcción y de ecoeficiencia.

También se permiten nuevas construcciones en suelo no clasificado previamente por el traslado de la edificabilidad cuando los hoteles a renovar estén en suelos que se quieran preservar por sus valores naturales, culturales o estratégicos.

Las enmiendas a la totalidad de los grupos Popular y Mixto fueron defendidas desde planteamientos opuestos.

Mientras Miguel Jorge Blanco, del PP, argumentó su rechazo a la reforma en que es más intervencionista aún, Román Rodríguez, del grupo Mixto, dijo que ahora se da “barra libre” a nuevas construcciones turísticas, en lo que supone “regresar a los años del desarrollismo” del siglo XX.

Eso permitió a los grupos que apoyan al Gobierno, nacionalistas y socialistas, situarse “en el punto medio” que es “donde está la virtud”, según dijo José Miguel González, de CC.

José Miguel González se mostró sorprendido por la petición de PP y grupo Mixto por rechazar la reforma, cuando ellos mismos la habían pedido, mientras que Dolores Padrón, del PSOE, defendió que el modelo turístico que se defiende en esta norma está basado en la renovación, los incentivos, el empleo y el respeto al medio ambiente.

Dolores Padrón dijo que se ha intentado conciliar los modelos de desarrollo turístico de cada isla siempre desde la excelencia y rechazó que haya una liberalización de la construcción, porque sólo podrá realizarse si cumple los requisitos ambientales y en suelos ya clasificados como turísticos.

Sólo se calificarán nuevos terrenos turísticos en caso de traslado de la edificabilidad para liberar suelo, dijo la representante del PSOE, que pese a todo anunció enmiendas parciales en el trámite parlamentario para mejorar el texto.

Miguel Jorge Blanco, del PP, dijo que la ley que ahora se reforma se realizó de espaldas al sector y a los cabildos, que desde el principio advirtieron del error de excluir a los hoteles de cuatro estrellas.

“El problema es que la reforma que se propone es desafortunada. demuestra que el gobierno no cree en lo que hace”, dijo Miguel Jorge, y por eso “se deja en manos del gobierno la capacidad para decidir los proyectos que se aprueban y cuales no”.

En vez de simplificar los trámites y la burocracia, un empresario que quiera edificar un hotel de cuatro estrellas tendrá que ver aprobado su proyecto por tres administraciones distintas, denunció.

También criticó las nuevas exigencias a la construcción de hoteles que se suman a las ya existentes y que se abre la puerta a la arbitrariedad y la discrecionalidad porque es el Gobierno el que decide qué proyectos se autorizan y cuales no, ante la “dudosa objetividad” de los requisitos.

Román Rodríguez quiso dejar claro que la posición de Nueva Canarias “no tiene nada que ver con la del PP”, porque en su opinión la reforma propuesta modificar a la baja los límites al crecimiento y se da “barra libre” para que se construya cualquier tipo de instalación con independencia de su categoría.

“Nada impedirá que se haga cualquier tipo de instalación si se cumple un supuesto nuevo reglamento sobre calidad edificatoria, de energía y de servicios, asuntos que ya están hiperregulados y ya existen”, dijo Román Rodríguez.

Insistió en que se apuesta por la desregulación y la discrecionalidad y en que “no existe ninguna limitación ni cortapisa, se acaba con cualquier proceso limitativo, hacen caso a las minorías que tratan de imponer sus intereses al conjunto de la ciudadanía”.