Hay que resetear el Fdcan

El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) fue una buena idea que, de tanto ser manoseada, se ha convertido en una herramienta incómoda para su tutor, el Gobierno de Canarias. Sus resultados son invisibles y resultan escandalosos en comparación con el ruido que provocó su puesta en funcionamiento. Es el momento de volver a la casilla de salida y activar el botón de “reset”. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Vamos con algunas reflexiones sobre el particular.

El inicio fue un éxito. Y de los importantes. Lo alcanzó Fernando Clavijo en julio de 2015, apenas aterrizado en la Presidencia del Gobierno, ubicado además en una posición política envidiable: pacto en el Ejecutivo autonómico con un PSOE debilitado, excelentes relaciones con el Gobierno central del PP (José Manuel Soria ejercía de interlocutor amable ante Rajoy, Montoro y cía) y con una recuperación económica inflando las velas de la creación de empleo y la recaudación fiscal. Fue en este contexto en el que Clavijo resolvió en tiempo récord una petición canaria postergada en las gavetas de la Hacienda estatal durante años: que Canarias no tuviera que compensar a la Administración del Estado con la mitad de la recaudación estimada por el extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas. La otra mitad ya la había rescatado Manuel Hermoso cuando los votos de CC fueron determinantes en la primera investidura de Aznar en 1996. Una vez obtenidos esos 160 millones de euros anuales, surgieron varias preguntas. La primera: ¿a quién corresponden, en su totalidad al Gobierno o también a los cabildos y ayuntamientos? Y la segunda y más importante: ¿qué hacemos con tanto dinero, lo incorporamos a la bolsa genérica de la financiación o la destinamos a un uso específico y visible?

La calle del medio nunca funciona. Se puede afirmar que el Gobierno presidido por Clavijo tiró por la calle del medio, un sendero que sobre el papel parece el más sensato pero que en términos políticos suele quedarse en mitad del camino hacia ninguna parte. La solución alcanzada fue la siguiente: destinaremos los 160 millones a un fondo con objetivo específico pero que será gestionado en buena parte por cabildos y ayuntamientos. ¿Y qué objetivo fue el elegido? Pues la reforma del sistema económico canario, para hacerlo más acorde con las exigencias de la sociedad del siglo XXI. La decisión ignoró dos realidades que con el tiempo se han revelado obvias. La primera, que no es posible convertir en realidad ese manido mantra del “cambio de modelo” con 160 millones de euros al año. Ojalá resultara tan sencillo. Una transformación de semejante envergadura precisa, en primer lugar, de un cambio radical en las mentalidades del gobernante, porque lo siguiente, la movilización de los recursos, precisará del combustible proporcionado por el sector privado, ejecutor de las principales transformaciones en el sistema productivo de las sociedades desarrolladas. La segunda razón se cae de madura: los cabildos y ayuntamientos canarios no son los llamados a liderar el cambio de paradigma, y no porque sus alcaldes sean individuos ciegos ante la realidad en la que les ha tocado mandar, sino porque el ecosistema del poder local pone por delante otras materias y objetivos. Pues el poder local es cortoplacismo en estado puro.

Los espíritus animales. Lo que hizo Fernando Clavijo al activar el pistoletazo de salida del Fdcan fue despertar los espíritus animales de cabildos y ayuntamientos, obviamente también los de su propio partido. Y del mismo modo que el ruinoso Plan E de Rodríguez Zapatero fue un maná para todos los alcaldes que decidieron ponerse el casco de obra en tiempos de ingresos fiscales raquíticos, los alcaldes canarios tradujeron el Fdcan no como un incentivo para el cambio de modelo productivo, sino como la ocasión para ganar un par de concejales en las elecciones siguientes. Y las cosas, cuando son manoseadas hasta el abuso, acaban por ensuciarse. El acuerdo final del Fdcan, responsable además de la ruptura del pacto de gobierno entre CC y el PSOE, resultó ser un documento Frankenstein en el que era apreciable todo tipo de intereses, con el ruido originado por el criterio de reparto como horrísona música de fondo. Aquí convivían cabildos como el de Gran Canaria, que firmaban mientras expresaban su rechazo a la distribución de fondos, con alcaldes “independientes” que de repente cobraban un peso inusitado en debates mediáticos por otro lado nada inocentes sobre la naturaleza del Fondo de Desarrollo y sus potenciales beneficios. Los más expertos, como Román Rodríguez, lo tuvieron fácil para etiquetar al Fdcan como un artefacto inservible, que solo serviría para hacer rotondas y poner farolas, epíteto que el ahora vicepresidente canario repitió hasta la extenuación desde su escaño en la oposición. Tampoco era exactamente así, pero era una descalificación eficaz en tanto el paso del tiempo no ofreciera resultados tangibles, por los que aún estamos esperando, por cierto. De modo que el regalo del tándem Soria/Rajoy a Clavijo se había convertido en un caramelo envenenado y, en términos de rentabilidad política y electoral, en un instrumento claramente fallido.

Un balance mediocre. Durante sus tres años de ejecución, y más allá de la campaña publicitaria que adornó su lanzamiento, el Fdcan sólo ha generado titulares en torno a las dificultades que las corporaciones locales han sufrido para materializar y certificar sus objetivos de inversión. Esto ha sido particularmente doloroso en La Palma, acaso la isla canaria que más debería pensar en el cambio de modelo como una necesidad perentoria para su supervivencia, porque además, a diferencia de La Gomera y El Hierro, dispone de masa crítica suficiente para no verse resignada al subsidio perpetuo. La carencia de equipos técnicos solventes en cabildos y ayuntamientos ha lastrado la ejecución de los proyectos, porque, como ha ocurrido con la aplicación de la Ley del Suelo (de esto hablaremos otro día), una cosa es tener el dinero en la caja y otra muy diferente darle salida con los criterios de eficacia y eficiencia exigibles en los tiempos que nos ha tocado vivir. La sentencia viene dada por el muy comedido documento reciente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que en su informe de fiscalización de 2018 pasa de puntillas sobre el asunto pero deja clara una realidad diáfana: los recursos del Fdcan están siendo utilizados para actuaciones que las corporaciones locales podrían y deberían sacar adelante con sus propios recursos, que en estos momentos no son escasos, precisamente, por mor de las limitaciones de la regla de gasto y el superávit fiscal que ha provocado. De modo que ni cambio de modelo, ni asignación eficaz de los recursos, ni ejecución eficiente de los mismos. Y en cuanto a la rentabilidad político-electoral de la criatura, pues nada de nada.

¿Qué hará el Gobierno actual? El Ejecutivo, de otro signo político y ahora presidido por Ángel Víctor Torres, ha abordado este asunto con extrema prudencia, que el paso del tiempo puede transformar en temor. Es normal. Una vez que has entregado al cacharro a los poderes locales, su primera reacción es no devolverlo, por poco eficaz que resulte la posesión del mismo. Los procesos de recentralización por lo general tienen mala prensa y son entendidos como un ejercicio de jacobinismo, incluso para asuntos menores como el del Fdcan, que no tienen que ver con la distribución competencial, sino con los cauces a través de los cuales se ejecuta un fondo de carácter finalista. Un tímido intento por devolver parte de la cantidad asignada a este año 2020 por parte de la Consejería de Hacienda fue rápidamente abortado por la acción conjunta de la Fecam y la Fecai, organismos ahora controlados por el PSOE. Podría entenderse que la posición más rentable en términos políticos para el presidente Torres sería dejar correr el asunto, aun admitiendo la incoherencia de una actuación semejante. Pero el presidente canario no debe obviar tampoco que la inacción conlleva riesgos, en ocasiones tan elevados como las de una acción imprudente. Porque la evidencia resulta clamorosa: hay que resetear el Fdcan.

Hay que acertar en la reforma. Lo primero que deberá tener claro el Gobierno si quiere reformar en profundidad el Fondo de Desarrollo, incluso para modificar su nomenclatura, es lo siguiente: entender que carece de margen de error, porque la naturaleza del Fdcan ya se ha visto tan dañada que no permite una revisión fallida. Para eso, mejor dejarlo como está, porque ya se sabe que dos errores no hacen un acierto, y una bienintencionada propuesta de revisión podría: a) abrir un conflicto político con los entes locales y, b) resultar igual de inservible en su plasmación práctica posterior. Además, deberá tener claro el objetivo a conseguir, y deberá ser solo uno, porque 160 millones de euros al año, aun significando una cantidad muy jugosa, no resultan suficientes para actuar de modo decisivo en sectores y vectores diferenciados. Por otro lado, deberá huir del riesgo mortal que conlleva toda actuación pública decididamente intervencionista: el de generar burbujas. Queda el precedente de los programas públicos dedicados durante años a la formación para el empleo en Canarias como triste ejemplo de gran movilización de recursos, aparición súbita de captadores de rentas y resultados muy decepcionantes.

Una propuesta modesta. Pero, poniéndonos en lo positivo, sí que hay objetivos estratégicos en la Canarias del presente que justificarían un esfuerzo extra bien estructurado y capaz de ser ejecutado en plazos razonables. Opciones no faltan: descarbonización de la economía, movilidad urbana, infraestructuras de residuos, etc. Todas ellas tienen líneas de actuación activas en el presente, y además cuentan con la complicidad de un sector privado capaz de aportar conocimiento y recursos al progreso colectivo, porque son materias que a su vez generan un rendimiento lucrativo. No obstante, si hay un asunto que domina el debate cívico en el mundo desarrollado de hoy, este es sin duda la desigualdad. Es precisamente el ámbito en el que la gestión pública lidera en solitario y sin la colaboración de la esfera privada más allá de una responsabilidad social corporativa valiosa pero escuálida si nos planteamos objetivos ambiciosos de transformación. La desigualdad creciente es la enfermedad crónica de las sociedades desarrolladas, y también la mayor amenaza para el ideal democrático. Canarias está regada de espacios en los que la desigualdad material se hace presente, en las que el elevado desempleo y las rentas de supervivencia conviven con espacios públicos degradados por el olvido y el maltrato de sus propios usuarios. Esta realidad es manifiesta en las áreas metropolitanas de ambas capitales, en algunas capitales insulares, en los suburbios de los sures turísticos (Arona y Tirajana son ejemplos claros), en los nortes de Tenerife y sobre todo Gran Canaria. Para detectar aquellos enclaves en los que la presencia “republicana” (en la mejor acepción del término como expresión de la acción pública) se ha hecho invisible solo hay que mirar los índices de participación electoral: son los barrios en los que la asistencia a las urnas mengua de modo imparable, quizá porque sus ciudadanos se sienten desamparados por un sistema político que solo los hace visibles como perdedores del mundo que contemplan a diario en la televisión y las redes sociales. Esa Canarias desigual, no vacunada contra la irrupción de los populismos xenófobos, precisa de una intervención pública que ponga a la cohesión social entre los ciudadanos de esa tierra como prioridad no ideológica, sino de simple y puro sentido común. La paradoja es que lo socialmente justo y eficiente en la asignación de recursos puede ser además políticamente rentable.