El Rosario aprueba una moción contra la Ley de Medidas Urgentes
El pleno del ayuntamiento de El Rosario aprobó este martes una moción de IR-Verdes para expresar la oposición local al texto del proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que actualmente tramita la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Dicho pronunciamiento de rechazo al proyecto legislativo será remitido a los Cabildos, a la Fecam y al Gobierno de Canarias. La moción contó con el único voto en contra del concejal de CC, José Luis Arregi.
Según informa IR-Verdes a través de un comunicado, en la intervención para defender el texto, Escolástico Gil destacó que los grupos políticos del consistorio tienen que elegir entre “una política de suelo permisiva con una urbanización intensiva, o una política sostenible de ordenación equilibrada y proporcionada de usos en el territorio”.
El portavoz de la formación señaló que “esta moción no es solamente una impugnación de la permisividad legal que pretende establecer el Gobierno canario, sino también un ofrecimiento al grupo de gobierno para que reconozca el error que supone para nuestro municipio cualquier connivencia con esa permisividad”.
Por ello, pidió “al grupo de gobierno del PSC-PSOE que reconozca sus errores en la gestión del suelo, que haga propósito de enmienda en tantos y tantos temas que han sido objeto de discusión en este ayuntamiento: suelo agrario, extracción de áridos, suelo agrícola, suelo de protección ambiental, zonas verdes, etc. porque lo propio si se rechaza la Ley de Medidas Urgentes es que se corrijan también aquellas decisiones locales que ese proyecto de ley pretende amparar”.
Texto alternativo del PSOE
Desde el ayuntamiento, el grupo de gobierno informó este martes que el rechazo a la Ley salió adelante con un texto alternativo añadido por parte del PSOE, pues, a juicio de los socialistas, tal y como estaba formulada la propuesta, en un principio, se quería dar traslado de la oposición del Ayuntamiento al Parlamento de Canarias y a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), mientras que el PSOE consideró pertinente elevar dicho rechazo también a la Federación Canaria de Islas (Fecai), así como al Cabildo Insular de Tenerife.
El Ayuntamiento de El Rosario, según resaltó la primera teniente de alcalde, Ana Lupe, tiene su Plan General de Ordenación (PGO) aprobado. Sólo tres municipios de la Isla de Tenerife cuentan en este momento con su PGO aprobado, y El Rosario, dijo, “tiene el orgullo de ser uno de ellos”.
Para el Grupo Municipal la Ley de Medidas Urgentes es una clara muestra de que no se ha hecho bien la tarea “y lo puedo decir con conocimiento de causa, con el bagaje que tenemos a nuestras espaldas durante todo el proceso que nos ha llevado definir la ordenación en nuestro territorio”, enfatizó Ana Lupe Mora.
Argumentos socialistas contrarios al rechazo de la Ley
Según el PSOE “el Equipo de Gobierno tiene un PGO aprobado, aunque no en los términos que hubiera deseado en un principio, caso, del recorte que se ha padecido en la ordenación de los asentamientos rurales pues no se nos ha permitido regular todas las casas que hubiéramos deseado, así como las limitaciones que se nos han marcado en las áreas de expansión industrial, pero, aún así, tenemos nuestra tarea hecha, en tiempo y forma, por lo que el Grupo de Gobierno entiende que con la Ley de Medidas Urgentes queda manifiesta la inoperatividad de los organismos competentes y encargados de realizar el planeamiento urbanístico”.
Para Ana Lupe Mora Padilla, el PGO de El Rosario es un trabajo bien hecho, y la Ley de Medidas Urgentes va más pensada para aquellos Municipios en los que no se ha realizado bien la tarea, “un apaño para que desde arriba se puedan inmiscuir en competencias municipales, algo que este Grupo de Gobierno no sólo no comparte, sino que considera oportuno hacer extensivo dicho rechazo tanto al Parlamento de Canarias y a la Fecam -tal y como se planteó en la moción de Los Verdes-, como al Cabildo y a la Fecai, al entender que también afecta a las competencias de planeamiento urbanístico insular”.
