Ruego por la atención a las mujeres maltratadas
Se han levantado en silencio, han alzado sus carteles en silencio; y en silencio se han marchado. Unos quince manifestantes han protestado con pancartas este martes durante el Pleno del Cabildo grancanario contra los retrasos en la firma del convenio con el Instituto Canario de Igualdad (ICI). El grupo socialista, en la oposición, ha convertido el grito de los eslóganes (“4.000 mujeres y sus hijos sin atención en Gran Canaria”) en un Ruego formal en el que ha solicitado la ratificación del convenio, cuyo expediente aún no ha sido llevado a Pleno.
La protesta partía de asociaciones como Zuleima y Cooperación y Solidaridad, pero también de trabajadores sociales y representantes del sindicato CCOO. A los pocos minutos de levantarse, un guardia de seguridad les ha obligado a abandonar la sala, pero allí han dejado los carteles. La queja se remonta a la paralización, cuando no “desmantelamiento”, de las oficinas de Atención a la Mujer en varias localidades de la isla debido a la falta de recursos municipales. “Algunas oficinas han empezado a cerrarse”, ha insistido Isabel Guerra, consejera socialista, “los contratos acababan y no se les decía [a los trabajadores] si les iban a renovar”.
Según ha expuesto la consejera del PSOE Isabel Guerra, el borrador fue presentado al Cabildo en noviembre. Desde entonces, ha criticado, se ha esperado a febrero para presentar las alegaciones al ICI, dependiente del Gobierno regional, en las que se cuestionan las competencias del Cabildo en materia de violencia de género y la consideración de las oficinas de atención a la mujer como servicios esenciales gestionados por los ayuntamientos. La conclusión de los socialistas: “Se está dilatando sin ninguna razón”.
Para Francisco Santana, consejero de Política Social, la cuestión no es tan sencilla. En primer lugar ha esgrimido un informe de los servicios jurídicos del Cabildo que “no aseguran que esté todo correcto” en el último borrador presentado, cuya fecha de entrada en la institución, según ha hecho constar, era el 31 de enero. En segundo lugar, ha asegurado que, pese a que es cierto que los trabajadores de estos servicios no están cobrando ahora, “van a cobrar” en cuando se apruebe el convenio. Por último, Santana ha destacado dos casos de ayuntamientos grancanarios que han rechazado el acuerdo por haberse visto afectados de manera negativa: Santa Brígida, gobernado por el alcalde popular Lucas Bravo de Laguna, que se ha visto obligado a pagar una indemnización de 70.000 euros a una de las trabajadoras por discriminación salarial, y Las Palmas de Gran Canaria, con el PP de Juan José Cardona en el Consistorio, que ha abandonado el convenio.
Son algunos de los ejemplos a los que se refería Guerra al afirmar que “los ayuntamientos del PP han cerrado los servicios de atención a la mujer”, antes de concluir por acusar al Cabildo de carecer de “voluntad política” para tramitar el documento que debe financiar la red insular con la inversión del Gobierno regional y de pedir, de nuevo, a la consejera de Igualdad que se pronuncie acerca del asunto.
El Pleno ha finalizado con una nueva disculpa del presidente del Cabildo por la actuación contra los manifestantes, que no había sido ordenada por la Presidencia, ante la que ha aclarado que el reglamento del Pleno prohíbe mostrar pancartas.
