Santiago, Galván y Galindo defienden su inocencia en el juicio por vertidos
Santiago hizo estas declaraciones antes de iniciarse el juicio que se sigue desde hace ocho años contra ellos tres y los cinco representantes de la Comunidad de Bienes Bruno Naranjo, promotora del Polígono Industrial de El Goro, en Telde, por el vertido de residuos fecales e industriales tóxicos para el medio ambiente durante varios años desde 1996, según el fiscal. El ex alcalde confió en que con la celebración de este juicio, en el que el fiscal solicita penas de entre tres y seis años de prisión para los acusados, quede “absolutamente clara su inocencia”.
Explicó que desde el Ayuntamiento “no sólo no se permitieron esos vertidos, sino que el jefe del área de Salud de Gran Canaria, Antonio Fernández Pérez, comunicó a la Consejería de Política Territorial del Gobierno regional, en concreto a la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, esos vertidos, tras un informe elaborado por el farmacéutico de Salud Pública de Telde. Añadió que fue entonces la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medio Ambiental la que suspendió los vertidos en el barranco de Silva, y el concejal de la materia ordenó colocar un cartel prohibiendo el baño en esa zona del litoral.
Santiago expresó su convicción en que a lo largo del juicio, que se prolongará hasta el viernes, se demostrará que “quizás el fiscal parte de situaciones inexactas”. Aseguró que desde el Ayuntamiento antes de 1996 ya se hacían gestiones para eliminar los vertidos a los barrancos que iban a parar al mar.
Recordó haber sido felicitado por organizaciones ecologistas como Ben Magec, que figura como acusación popular en el caso, “por ser una de las corporaciones más expeditivas en la eliminación de los vertidos”. Así mismo, consideró que en el juicio se podrá comprobar la actuación del Gobierno canario y el hecho de que no “no ejecutara sus propias resoluciones”.
“Estamos tan seguros y tenemos tan claro que no hemos hecho absolutamente nada mal, que no tenemos ninguna preocupación”, sostuvo Santiago, cuyo letrado, Carmelo Padrón, también se mostró partidario de la celebración de la vista para “entrar en el fondo del asunto” y demostrar la inocencia de su representado. Padrón consideró además importante este juicio, el primero de estas características que se celebra por un delito medioambiental en Gran Canaria, para aprender de los errores que se cometieron en el proceso y constatar la arbitrariedad del asunto, pues el problema de los vertidos incontrolados al mar es extensivo a muchos puntos de la isla sobre los que no se actúa.
Los abogados de los representantes de la Comunidad de Bienes Bruno Naranjo, sin embargo, solicitaron su suspensión por considerar nulas las pruebas practicadas de los análisis de las aguas; porque se ha infringido el derecho fundamental a conocer la acusación, pues no se precisa la norma medioambiental violentada, y porque la toma de muestras para las pruebas se hizo sin contradicción. Así lo manifestó el letrado Cristóbal Martel, quien representa a tres de los acusados representantes de la Comunidad de Bienes, y a cuya petición se adhirieron los otros abogados a excepción de Padrón.
Su petición fue rechazada por el tribunal, que señaló que sobre las razones esgrimidas se pronunciará en la sentencia.
