Santiago Pérez: “El Constitucional no permite autorizar por ley lo anulado por el Supremo”
“El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado que la llamada ley de las islas verdes es constitucional pero con su sentencia no permite autorizar por ley los proyectos que el Tribunal Supremo ha anulado”, ha asegurado el abogado Santiago Pérez, quien ha denunciado la misma ley ante la Unión Europea (UE).
El también concejal de Por Tenerife (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, que ha denunciado ante la Unión Europea los mismos preceptos, ha dicho a Efe que “la ley de las islas verdes tenía dos objetivos, uno de ellos flexibilizar las actuaciones en suelo rústico de naturaleza turística”.
“El otro objetivo era legalizar, es decir, autorizar por medio de una ley autonómica los proyectos que el Tribunal Supremo había anulado por sentencia”, ha indicado Pérez, que considera esto la “clave” en la operación política del Gobierno canario.
Pérez ha explicado que se trataba de una serie de proyectos que habían sido declarados de interés insular y que afectaban a espacios naturales protegidos, algunos incluidos en la red Natura de la Unión Europea, por lo que él ha elaborado la denuncia ante la UE.
Ha insistido en que el Tribunal Constitucional ha declarado que el cuerpo de la ley de islas verdes no es contrario a la Constitución, y ha comentado que algunos de los aspectos más controvertidos de esa ley han sido suavizados por medio de la recientemente aprobada ley del suelo de Canarias.
El Tribunal Constitucional ha hecho observaciones “muy serias” sobre cómo deben interpretarse y aplicarse algunos preceptos, tanto de la ley de las islas verdes como de la del suelo. Y en ese caso se refiere a los proyectos de interés insular o autonómico, que son las herramientas “más agresivas sobre los recursos naturales que se han inventado en los últimos años”, ha afirmado Santiago Pérez.
En este caso el Tribunal Constitucional dice cómo hay que hacer las cosas, lo cual tiene una “extraordinaria” trascendencia que el Gobierno de Canarias “ha ocultado”.
Pérez ha afirmado que el Tribunal Constitucional “ha tumbado” un aspecto esencial de la operación política que era autorizar por ley proyectos que en algunos casos afectaban a espacios protegidos.
El procedimiento de autorizar esos proyectos por ley es contrario a los derechos fundamentales de los ciudadanos porque éstos no pueden recurrir una ley, y porque los colectivos a los que el Tribunal Supremo dio la razón tienen derecho a que se cumpla la sentencia, ha dicho Pérez.
Ha reconocido que La Palma tiene derecho, como todas las islas, a un desarrollo turístico, pero sin comprometer los recursos naturales protegidos, y ahora todas las actuaciones habrá que hacerlas “una por una, acreditando” que se respeten todas las garantías medioambientales, y “no como intentaban e intentarán hacerlo Fernando Clavijo y sus secuaces”.
Pérez ha reiterado que por medio de la ley de las islas verdes el Gobierno canario intentaba ejecutar una operación política que significaba dispensar de la de la declaración de interés insular por parte del Cabildo a una serie de proyectos anulados por el Tribunal Supremo.
También se ha referido a las declaraciones hechas hoy por el presidente canario, Fernando Clavijo, quien ha manifestado que la anulación de una disposición por parte del Tribunal Constitucional no afecta a los proyectos de interés estratégico insular o autonómico porque se refería a intervenciones que se querían incluir y ahora habrá que seguir el procedimiento “normal”.
A ese respecto, Pérez ha replicado que con la sentencia del TC para poder desarrollar lo que Fernando Clavijo llama “normal” hay que cumplir las observaciones del Tribunal Constitucional, algo que “también ha ocultado” el Gobierno canario.
Según Pérez, el TC, además de anular la declaración de los proyectos que afectaban a la sentencia del Tribunal Supremo también dice que “si bien no puede declarar inconstitucional una ley pensando en el uso torticero que de la misma se pueda hacer, lo que ocurre es que habrá que examinar cada caso”.
Y para ello el TC dice “cosas muy serias, como que los proyectos de interés insular o autonómico se podrán ejecutar en cualquier clase de suelo, pero en el sentido en que lo permita la calificación del suelo”, con lo que el Tribunal Constitucional “marca un camino en la aplicación de la ley del suelo que impedirá usar algunos instrumentos que pensaban utilizar”.
