SCTF incumple los plazos para desalojar un bar
El retraso del concejal responsable de Contrataciones, Obras y Servicios de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, en tramitar el expediente para recuperar el espacio público que en la actualidad ocupa el bar Los Arcos situado debajo del puente Serrador, obliga a reiniciar de nuevo todo el procedimiento administrativo. La Comisión de Gobierno decidió en mayo desalojar este restaurante cuyo propietario ha denunciado en reiteradas ocasiones que ha sido objeto de una persecución por habérsele relacionado con el anterior alcalde, Miguel Zerolo. Sin embargo, el expediente no se completó hasta el mes de septiembre con lo cual expiró el plazo preceptivo para que pasara al Consejo Consultivo cuyo informe es obligatorio.
De esta manera, si el Ayuntamiento insiste en su idea de recuperar este espacio que se encuentra en uno de los pocos lugares dedicados al ocio nocturno de la capital tinerfeña como es la calle de La Noria tendrá que volver a iniciar los trámites desde la casilla cero. Este asunto se ha convertido en una de las diferencias que mantienen el actual grupo de gobierno ya que mientras Arteaga de Coalición Canaria (CC) no parece darle prioridad al desalojo, el primer teniente de alcalde del Partido Socialista Canario-PSOE, José Ángel Martín Bethencourt, siempre ha defendido que se lleve a cabo lo antes posible.
Diego Rambola, promotor del restaurante negó desde un principio los motivos alegados por la Corporación local para proceder al cierre del establecimiento como era que había incumplido la licencia otorgada o que llevó a cabo un traspaso del negocio incumpliendo el acuerdo adoptado en el momento de aprobarse la concesión. Este empresario recuerda que la idea surgió en el año 2004 cuando durante un viaje a París pudo comprobar que debajo de los puentes del Sena se situaban locales como el que luego pondría en marcha en Santa Cruz. La diferencia fue que para hacer realidad esta iniciativa en la capital tinerfeña tuvo que desenredar todo un enrevesado ovillo administrativo y burocrático en el que cada departamento del Ayuntamiento contradecía al anterior. Su objetivo siempre fue recuperar un espacio que en aquel entonces se encontraba notablemente degradado, “lleno de drogadictos, ratas y cucarachas” y que luego se incluyó dentro de la rehabilitación del la zona Urban que contó con financiación europea.
Al tratarse de un lugar público tuvo que convocarse un concurso abierto para obtener la concesión. Pese a que la idea original era suya al certamen se presentaron otras cinco empresas aunque él fue quien pujó más alto y así logró poner en marcha el establecimiento. De esta manera frente al canon inicial de 2.500 euros por trimestre él aumentó la cantidad hasta los 4.500. Desde el principio tuvo que hacer frente a las sospechas de que detrás de esta iniciativa se encontraba Zerolo o familiares suyos lo cual niega de forma rotunda. “Ni lo conozco a él, ni a nadie de su familia, no sé de donde salió ese rumor pero nos ha hecho siempre mucho daño”. El empresario indica que si el Ayuntamiento quiere ahora volver a recuperar este espacio tendrá que abonarle al menos la inversión de 400.000 euros que desembolsó en su momento. Lo que deja meridianamente claro que este contencioso tendrá que resolverse en los tribunales y de hecho el empresario ya ha contratado los servicios del abogado, Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado.
