SCTF vincula la causa penal a la devolución del dinero
La audiencia previa que estaba previsto celebrar el miércoles para que el Ayuntamiento recupere los 53 millones pagados en 2001 por el frente de Las Teresitas ha quedado suspendida.
En esta ocasión es la propia Corporación local la que ha pedido que no se celebre la vista al pretender condicionar esta causa civil con el grueso del caso Las Teresitas, que mantiene imputados a trece empresarios, funcionarios, el exalcalde, Miguel Zerolo y otros exconcejales. De esta manera se intenta de nuevo unir ambas causas, tal y como en 2008 solicitó infructuosamente Inversiones Las Teresistas (ILT), vendedora de los terrenos, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El abogado Felipe Campos considera “muy sospechoso” el paso dado por el Ayuntamiento en cuanto retrasará durante años la posible devolución del dinero pagado en su momento. “Estábamos a punto de recuperar los 53 millones pagados a ILT y ahora la solución se retrasa durante años. El paso que se ha dado es como mínimo sorprendente”.
Campos dijo que si en 2008 ya el TSJC se había opuesto a unir ambas causas cuando se dilucidó la ejecución de la sentencia que anuló el frente de la playa, “está claro que existe un precedente que deja claro el panorama”.
Cinco días para alegaciones
El Juzgado de Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife iba a celebrar el miércoles esta audiencia previa en el proceso civil donde se está dilucidando la reclamación de cantidad pagada por Santa Cruz por la compraventa del frente.
Esta resolución judicial surge de la petición efectuada por el Ayuntamiento después de alegar la posibilidad de que exista una prejudicialidad penal, que podría suponer la suspensión del procedimiento ordinario. En el mismo acto se ha otorgado plazo de cinco días a la otra parte para que presente alegaciones.
El pasado viernes, 27 de septiembre, el Ayuntamiento remitió un escrito a la Fiscalía, dando traslado de nueva documentación que podría tener relevancia en los hechos penales que se investigan. “Ante estas circunstancias, el Consistorio plantea la citada cuestión prejudicial penal y solicita la suspensión de la audiencia previa, al entender que antes de resolver las cuestiones civiles debería prevalecer la cuestión penal. En estos momentos, el grupo de gobierno municipal ni puede ni debe realizar valoración alguna sobre el contenido de la documentación remitida”, se indica en una nota de prensa.
Para la Gerencia de Urbanismo, “le corresponde al ministerio fiscal la valoración sobre su alcance. No obstante, como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento reitera su total disposición a colaborar con el ministerio fiscal y los tribunales de justicia en todas aquellas circunstancias que le sean requeridas”.
