El silencio administrativo aumenta en Canarias cuando la población solicita información pública

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán

Efe

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El Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, y la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias han criticado este miércoles el silencio administrativo que reciben los ciudadanos cuando piden información a las instituciones, forma de actuar que aumentó en el año 2019.

Daniel Cerdán, en la presentación ante el pleno de la Cámara del informe del Comisionado de Transparencia correspondiente a 2019 y el avance de los de 2020 y 2021, ha afirmado que el silencio administrativo, motivo del 80% de las reclamaciones de la ciudadanía, “no es un despiste” y ha señalado que negar información a los ciudadanos es incumplir.

“Incumplir es no dar una explicación aunque sea de cinco líneas”, ha manifestado el Comisionado de Transparencia, quien ha esgrimido que el silencio desinforma y es “una gran vacuna contra la verdad a combatir”.

Ha avanzado que se ha iniciado un programa de derecho de acceso a la información con el fin de revisar los procedimientos coercitivos en la futura ley de gobierno abierto que, a su juicio, será la gran reforma de transparencia en Canarias.

Según el informe al que ha hecho referencia en su intervención en el Parlamento, la proporción de preguntas sin respuesta aumenta ligeramente con respecto al informe anterior: el 12,39% de las 2.970 solicitudes quedaron pendientes por silencio administrativo, mientras que en 2018 representaban el 11,06 %.

No obstante, destaca que, si bien el porcentaje de preguntas no contestadas es mayor que en el informe anterior, no aumentó tanto como entre 2017 y 2018.

El silencio administrativo se produce cuando una entidad no resuelve una solicitud en el plazo máximo de un mes, no obstante, como las solicitudes desestimadas por silencio administrativo se deben atender, aunque haya transcurrido el tiempo legal previsto para ello, se entiende que esas solicitudes están pendientes de resolución fuera de plazo y, por tanto, deben incluirse en el total de solicitudes a resolver hasta que se tramiten.

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