El sindicato STEC-IC rechaza la reválida en sexto de Primaria

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria (STEC-IC) ha mostrado este martes su rechazo a la reválida en sexto de Primaria, que ha sido aprobada a través de un Real Decreto emitido tras el Consejo de Ministros.

El sindicato entiende que la evaluación final de Primaria costará 1,4 millones de euros y supone “un ataque frontal a los derechos del alumnado que concluye esta etapa”, en total 482.000 alumnos/as. Además, “añade un obstáculo más para el aprendizaje y la promoción del alumnado”.

“A una edad muy temprana, tan solo con once o doce años cumplidos, se pretende someter a estos niños y niñas a un tipo de pruebas que condicionarán su futuro”, juzgan desde STEC-IC, que recalcan que el Ministerio de Educación lo que hace es incrementar la carga de trabajo del profesorado y centrar la enseñanza en la superación de pruebas y no en una formación académica global y personal del alumnado.

“Las evaluaciones externas suponen ignorar las condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje, además de la influencia del contexto”, asegura el sindicato, quien denuncia que lo que se está haciendo es mostrar “desinterés por todo lo que no sea rendición de cuentas ante las competencias y el establecimiento de ránkings entre centros, y profundiza en el camino hacia el olvido definitivo de la función de justicia social que ha de cumplir la educación y su sustitución por una función de selección social”.

Además, subrayan que este tipo de pruebas conlleva un “desprecio” hacia la profesionalidad del profesorado y, con ello, de los centros. “Se minusvalora y se ignora su formación y capacidad para evaluar al propio alumnado, para detectar en qué aspectos hay problemas y cómo y cuándo abordarlos, desde qué enfoque y con qué recursos. Es restar la capacidad a los centros para conocer y abordar los problemas que puedan surgir y buscar los mecanismos para solventarlos”, aclaran.

Por ello, piden que la LOMCE ha de ser derogada porque no proporciona medios para que el alumnado con dificultades en su aprendizaje pueda superar las pruebas. “No existen programas para el refuerzo educativo; no se apuesta por una educación que compense las desigualdades sociales, culturales y económicas que existen entre el alumnado”. Y es que, creen que las evaluaciones externas no aportan ninguna mejora para el sistema educativo, suponen una duplicidad de funciones en el mejor de los casos y un negocio en el peor de ellos.

Así, alientan a la Consejería de Educación y al Gobierno de Canarias a no desarrollar en sus ámbitos este Real Decreto y animan a las familias a que impidan que sus hijas e hijos se sometan a estas pruebas.