Los sindicatos prefieren perder competencias
Diecisiete sindicatos (UGT-Canarias, CCOO, USO, Intersindical Canaria, Convergencia Sindical Canaria, SOC, STEC, Sitocan, Insucan, SIC Canario, Sepca, CESP, STU, EA Canarias, Colectivo Independiente de Guaguas y Sindicato de la Elevación) convocan la manifestación del 1 de Mayo en Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema 'Unidad por el trabajo digno, por los derechos, por Canarias'. En la rueda de prensa presentación del manifiesto se mostraron especialmente críticos con la política de recortes aprobada el sábado por el Gobierno de Canarias, a quien exigieron que si no es capaz de gestionar la actual situación sin aplicar “inmediatamente” las medidas aprobadas previamente por el Gobierno español “que devuelva sus competencias”.
Lucía Rodríguez, de Intersindical Canaria, pide al Gobierno de Canarias “que monte un escándalo” con Madrid devolviendo sus competencias, porque sus decisiones “no responden a los intereses generales de la sociedad”.
Rodríguez señaló que el Gobierno de Canarias y el español “defienden el mismo modelo económico”, que hasta el momento potencia medidas “que dejan al margen la lucha por la igualdad y los derechos de los trabajadores”. Antonio Pérez, de CCOO, denunció también que las medidas aprobadas a nivel nacional como “la Reforma Laboral, la subida de las tasas universitarias o el descenso en las cuantías de las becas, hipotecan el futuro” y “ponen en duda las libertades de los ciudadanos”.
Por ello “es el momento de llamar la atención de la sociedad”, y tras las manifestaciones del 29 de marzo, volver a salir a la calle este 1 de mayo. En Las Palmas de Gran Canaria, la manifestación central, a la que acudirán las centrales citadas, partirá a las 11:00 horas desde el Obelisco en Tomás Morales, recorrerá esta vía hasta Juan XXIII, y volverá por León y Castillo hasta Delegación del Gobierno.
El objetivo es leer un manifiesto en defensa “del trabajo, los derechos y Canarias”, no “con tintes idependentistas”, señaló David Mosquera, de UGT, sino “en defensa al triple ataque que está sufriendo Canarias, con la aprobación de una reforma laboral y la imposición de un nuevo sistema productivo, al aceptar las investigaciones para determinar si existe petróleo en las costas canarias”.
Los empresarios “han perdido el norte”
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
Mosquera se mostró muy crítico con “los grandes empresarios” canarios, y especialmente con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, de quienes dijo que “han perdido el norte”. El representante sindical calificó de “falta de respeto al trabajador” unas declaraciones de Grisaleña “en una radio el día de la huelga general, donde dijo que la mayoría de los que habían ido a la huega querían un trabajo”.
“Están siendo utilizados por el Partido Popular y el Gobierno de Canarias, para que apoyen sus políticas”, denunció Mosquera, quien les recordó que “los sindicatos estamos más legitimados que ellos, porque los trabajadores nos eligen en las empresas”.