Los tres socialistas gomeros paran las camas turísticas en el Parlamento
El derecho de al menos dos tercios de los diputados de una isla, recogido en el Estatuto de Autonomía y en el Reglamento del Parlamento, fue utilizado nuevamente este jueves en la Cámara ante uno de los acuerdos más polémicos de este final de legislatura. Amparados en los artículos 12.4 del Estatuto de Autonomía y el 89 del Reglamento de la Cámara, los tres diputados socialistas gomeros volvieron a utilizar el perjuicio que, a su entender generaría en su isla el acuerdo de declaración de interés general de los proyectos Anfi Tauro, Hotel Temático y Familiar, Complejo de Apartamentos Turísticos en el Sector Abama y Gran Hotel y Villas, para proceder a bloquear la votación.
Los parlamentarios de la isla colombina Julio Cruz, Rosa Guadalupe Jerez y José Ramón Mora argumentaron que la aprobacion de las nuevas camas supondría una vulneración de las Directrices Generales de Ordenación del Turismo y del Territorio, norma conocida como moratoria turística, y confiaron en que el Gobierno reflexiones y retire la iniciativa antes de la votación prevista para el pleno de este viernes, sesión en la que también se debatirá el dictamen del caso eólico. El consejero de Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, no asistió en ningún momento al debate sobre las camas, el presidente del Gobierno, Adán Martín, sólo acudió para votar y el parlamentario del PP y representante del Grupo Anfi, Manuel Fernández, se ausentó de la votación.
Dificultades jurídicas
Antes, en un escrito presentado ante la Mesa de la Cámara, el Grupo Socialista había solicitado sin éxito que se suspendiera la tramitación de esos proyectos turísticos, “ante la evidencia de las dificultades jurídicas de los expedientes relacionados con la declaración de interés general”.
Esta postura viene motivada por el temor de los socialistas a que la aprobación de ese interés general derive en inseguridad jurídica y pueda ser suspendido por los tribunales ante cualquier recurso judicial. De hecho, el dictamen que se sometió a aprobación este jueves llegó a la Cámara con informes desfavorables de los servicios jurídicos del Gobierno. El proyecto más polémico desde este punto de vista es el de Anfi Tauro, en Mogán, propiedad del empresario Santiago Santana Cazorla.
Fracaso en la renovación
Jorge Rodríguez, portavoz del PP, defendió en su intervención que Canarias avance y progreso, “y tenga una posición mejor en el futuro”.
A su juicio, “el turismo genera riqueza en Canarias y el futuro de la calidad de vida de los canarios depende de una buena gestión de la oferta turística y de la pervivencia de Canarias en los mercados emisores”. Rodríguez recordó que el turismo representa el 32,6% del Producto Interior Bruto (PIB) y que el sector crea el 37,3% del total del empleo del Archipiélago, pero pidió cambiar la imagen del turismo mediante la creación de nuevos productos destinados a las nuevas tendencias del mercado.
El portavoz del PP señaló que “es importante renovar la oferta alojativa; no defiendo la Ley de Directrices, apoyada muy a nuestro pesar, pero dentro de esa Ley se recoge la excepcionalidad de nuevos proyectos”. Afirmó que los proyecto turístico motivo del debate “cumplen los objetivos de las Directrices, generan un turismo de muy alta calidad, favorecen las zonas consolidadas, aseguran la competitividad en el sector y fomenta el empleo”.
Por su parte, Santiago Pérez, diputado socialista, dijo que el objetivo de las directrices era que el turismo durara y que fuera respetuosos con el medio ambiente. “Además la ley pretendía rehabilitar la oferta obsoleta, algo en lo que hemos fracasado todos, y limitar el crecimiento de establecimientos, y así la ley estableció un crecimiento cero el primer trienio”, agregó.
“El PSOE está a favor de que crezca la oferta alojativa con nuevas camas de extraordinaria calidad pero siempre que se haga conforme a la Ley, ya que está en juego el sistema de autogobierno”, afirmó. “Votaremos que no por respeto a la legalidad”, subrayó.
“Hay déficit de camas de calidad”
Augusto Lorenzo, de CC, señaló que “la Ley de Directrices habla del respeto al medio ambiente, al patrimonio pero no se olvido se seguir generando riqueza con el turismo”.
“El espíritu de la Ley de Directrices ha calado en la sociedad canaria”, enfatizó y agregó que “durante el trienio anterior a la aprobación de la Ley de Directrices se aprobaron en Canarias 40.000 camas y en estos últimos años solo se habrán aprobado una octava parte, poco más de 5.000 camas”. Justificó la aprobación de todos los proyectos por su alta calidad, “una oferta que es de máxima categoría”, indicó, para añadir que “hay déficit de camas de calidad en Gran Canaria, isla que tiene la mitad de estas camas que la isla de Tenerife”.
Lorenzo propuso que el límite de camas nuevas en un trienio sea de 10.600 camas, periodo que marca las propias directrices para la evaluación de los resultados de esta Ley.
