La Subdelegación del Gobierno niega la corrupción urbanística en la Playa de Tabaiba

La Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife ha desmentido este miércoles de forma rotunda las noticias vertidas en el programa Caiga Quien Caiga (CQC) del pasado 16 de julio, sobre un supuesto caso de corrupción urbanística en la costa de Tabaiba, en el municipio de El Rosario, en la isla de Tenerife, en el que se implica a la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de la edificación de una parcela definida como urbana en el Plan General de El Rosario, aprobado definitivamente en noviembre de 2007, con informe favorable de la anterior Dirección General de Costas. Según la Subdelegación, Costas no ha actuado de manera negligente al autorizar el cierre de la Playa de Tabaiba en horario de mañana durante 15 días.

Según explica la Subdelegación en un comunicado, la Comunidad Autónoma de Canarias ha autorizado en dos ocasiones (años 2003 y 2008) la construcción, en la referida parcela, de sendos proyectos de edificación con usos compatibles con la Ley de Costas situados en zona de servidumbre de protección. “Ambas autorizaciones contaron con informe favorable de la Demarcación de Costas, dándose traslado de una copia a la antigua Dirección General de Costas para conocimiento”, declaran.

“Antes del verano, el promotor solicitó a la Demarcación de Costas la autorización para cortar el acceso a dos playas para la ejecución de una barrera de protección que impidiera la caída de objetos a las playas, evitando así un claro peligro para los usuarios de las mismas. Esta autorización se concede el 12 de mayo de 2008 de forma parcial, es decir, en horario restringido hasta las 13 horas (y a partir de las 19 si es necesario) de lunes a viernes con un plazo máximo de ejecución de 15 días, y cuyo comienzo efectivo depende de la fecha de inicio que se fije en el Acta de Replanteo de la obra de construcción del edificio”, explican.

Aclaraciones

La Subdelegación aclara que “en el referido programa de televisión compareció la directora general para la Sostenibilidad de la Costa y El Mar aclarando que, la actuación de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, en el caso que nos ocupa, se ha realizado de acuerdo con la legislación vigente, siendo omitidas estas declaraciones, por lo que sólo ha prevalecido una versión distorsionada de los hechos sin que en dicho programa se aportara una sola prueba que demuestre lo contrario”.

“En CQC se recoge sólo la manifestación de una vecina que, sin aportar ningún tipo de pruebas, afirma que el actual promotor, gracias a su antigua relación de trabajo con la Demarcación de Costas, ha obtenido una autorización para hacer cortes parciales en los accesos a la costa, cuando al promotor anterior, de la misma parcela, no se le concedió una autorización similar para el corte parcial de los accesos a las playas”, añaden.

“Ante estas manifestaciones, reiteramos que los cortes parciales (durante una franja horaria limitada hasta las 13 horas, cinco días a la semana con un plazo máximo de 15 días) se han autorizado para garantizar las debidas condiciones de seguridad para los usuarios de las playas, y no consta en los archivos de la Demarcación de Costas ninguna solicitud para cortar los accesos a las playas de Tabaiba anterior al presente año 2008, ni se ha recibido denuncia del anterior promotor en este sentido”, concluyen.

CQC

Desde la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife afirman que se comunicó al equipo del referido programa CQC, que se desplazó desde Madrid para realizar un reportaje a petición de los vecinos sobre la situación de la playa de Tabaiba, que la Demarcación de Costas de de Santa Cruz de Tenerife en todo momento estaba dispuesta a informar, aportando toda la documentación precisa, rechazando la redactora y el equipo de Caiga Quien Caiga dicha información si ésta no se presentaba ante las cámaras de televisión, lo que demuestra el desinterés del programa por comprobar la veracidad de los hechos denunciados.

“Todo lo anterior da lugar a una respuesta del programa desproporcionada, que califica los hechos nada menos que de corrupción urbanística en Tenerife, basándose en meras suposiciones interesadas de los denunciantes y sin recabar información de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, ni de las administraciones que expresamente han autorizado la construcción del edificio, como son el Ayuntamiento de El Rosario y la Comunidad Autónoma de Canarias”, concluyen.