Los técnicos municipales confirman que el mamotreto es ilegal
Los interventores de la gerencia de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife comparecieron este martes como testigos en el juicio del caso Mamotreto y confirmaron que los reparos que pusieron al expediente obligaba a suspender su tramitación, pese a lo cual el aparcamiento fue adjudicado y comenzaron las obras.
En el banquillo se sientan siete acusados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en relación a la construcción del popularmente conocido como mamotreto, un edificio comercial y de aparcamientos a la entrada de la playa de Las Teresitas, presuntamente ilegal por ir en contra de las normas urbanísticas y por invadir el dominio público marítimo terrestre.
La fiscalía pide tres años de prisión para los ex concejales de Coalición Canaria Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor, así como para la jefa de servicio María Loreto Ariz.
También se piden dos años de prisión para la exconcejal de Coalición Canaria Luz Reverón, que actualmente es la subdelegada del Gobierno de España en La Gomera, y para los funcionarios Candelaria Benítez y Epifanio Gómez.
Esther Pérez Gómez, interventora adjunta, confirmó que se pusieron reparos al expediente en 2004 que obligaban a suspender su tramitación hasta que no fueran levantados los reparos lo que no ocurrió definitivamente hasta 2007, con la obra adjudicada a OHL y con la construcción del aparcamiento de la playa de Las Teresitas en marcha desde diciembre de 2006.
En la intervención delegada “nos sorprendíamos” de que el consejo rector de la gerencia de urbanismo siguiera adelante con el expediente pese a lo reparos y agregó que el Ayuntamiento no es habitual que se adjudiquen unas obras y se empiecen los trabajos sin la conformidad del interventor.
De hecho, según dijo el interventor José Luis Roca, el crédito para el proyecto quedó retenido hasta que se subsanaron las irregularidades, que en concreto eran la ausencia de un acta de replanteo, que se presentó en diciembre de 2006, y un informe técnico de adecuación a la legalidad que se presentó en octubre de 2007.
“El replanteo de la obra debe estar en el expediente desde el principio, antes de la contratación y de la licitación”, dijo el entonces interventor de urbanismo, quien no obstante dijo que él se limitó a emitir sus informes por escrito y no recuerda haber hablado del asunto ni con los concejales ni con los técnicos municipales.
“Yo sólo asesoro cuando se me pregunta”, dijo ante las preguntas de la fiscal de por qué no dijo nada sobre las irregularidades en las reuniones del consejo rector en las que se aprobaba el desarrollo del proyecto.
La interventora adjunta Esther Pérez Gómez confirmo que el expediente continuó pese a los reparos de la intervención, y a que estos tienen carácter suspensivo, y señaló que no recuerda que ningún concejal ni técnico que le preguntara por esas irregularidades.
Pérez Gómez sí señaló, a preguntas de la defensa de la subdelegada del Gobierno de España en La Gomera, Luz Reverón, que la entonces concejal de urbanismo siempre le insistía en que todos los expedientes tenían que llegar al consejo rector correctamente elaborados.
En la sesión del juicio compareció como testigo también, Juan Antonio Rodríguez, del servicio de vigilancia de la Dirección General de Costas, quien denunció a las obras cuando observó que ya habían ocupado la servidumbre de protección, competencia del Gobierno de Canarias, y que estaban a punto de llegar a la servidumbre de tránsito, competencia del Estado.
Señaló que no se denunció al Gobierno de Canarias que se había ocupado la servidumbre de protección porque en la demarcación de Costas entendían que había un convenio de la Comunidad Autónoma con el Ayuntamiento que lo autorizaba.
Carlos Suárez, representante de OHL y concuñado de Norberto Plasencia, dijo que las certificaciones de obras se cobraban normalmente o con algún retraso y que él ignoraba que hubiera una retención de créditos por parte de la intervención municipal.
También confirmó que en el momento en el que se pararon las obras del aparcamiento ya habían empezado las obras al final de la playa para hacer un vial.
Josefina Martín, del servicio jurídico de la Dirección General de Costas, indicó que en 2005 se notificó al Ayuntamiento el inicio del expediente de deslinde de dominio público en la playa, lo que supone la suspensión de las licencias y las concesiones otorgadas en la zona de servidumbre de protección mientras se tramita.
La jurista indicó que el convenio que tenían previsto el Ayuntamiento y Costas para el proyecto de Las Teresitas nunca se firmó por la falta de disponibilidad de los terrenos por parte municipal tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2007 que anuló la compraventa.
También compareció Sebastián Ledesma, ex director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, quien relató que el ejecutivo, con fondos europeos, asignó ocho millones de euros para las obras de Las Teresitas los que se llegaron a gastar 1,6 antes de la paralización de las obras.
El Gobierno de Canarias se limitó a financiar al Ayuntamiento y a encomendarle la obra, y no supo nada del proyecto ni del desarrollo del expediente, ni de que la intervención municipal hubiera puesto repartos, dijo Ledesma.
La sesión del juicio la abrió como testigo Dolores Schneider, de la asociación Amigos de la Playa de Las Teresitas, quien fue la primera que denunció las obras del mamotreto, al observar que se erigía sobre dominio público y que no había ningún tipo de cartel informando del promotor, la licencia o el plazo de los trabajos.
Schneider acudió a la fiscalía a denunciar las obras después de intentarlo en la Dirección General de Costas y en el Gobierno de Canarias, que nunca le contestaron.
