Tenerife tendrá que devolver los créditos de 2010
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado sentencia y se han cumplido las peores de las previsiones para el Cabildo de Tenerife. La institución insular tendrá que devolver los créditos suscritos en 2010 que los propios responsables de la administración tineferña habían cuantificado en 137,3 millones.
De hecho, uno de los argumentos presentados por el Cabildo ante los tribunales era que abonar este dinero supondría la ruina económica de la institución ya que suma casi un tercio de sus fondos. El fallo, aunque en primera instancia, ha sido un indudable varapalo ya que se había llegado a un acerdo con el Ministerio de Hacienda de no recurrir y acatar lo que dijera el TSJM.
La sentencia ahora emitida anula una operación de crédito por valor de 75,3 millones y otra de 62 millones que fueron suscritos , según se indica ahora,“ilegalmente” por la institución en 2010. El entuerto surge de la Resolución emitida en su día por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, cuando José Luis Zapatero era presidente del gobierno.
En aquel entonces el ejecutivo socialista por imperativo de la Unión Europea (UE) se vio obligado a imponer los primeros recortes contra el déficit. El Cabildo hizo oído sordos a estos requerimientos y solictó más créditos para refinanciar su propia deuda, ocasionada por las obras del Auditorio, el TEA, los hospitales insulares, el déficit de las guaguas y el tranvía. El TSJM rechaza los argumentos de que el Decreto emitido va en contra de la autonomía local y de que se cumplieron con todos los trámites establecidos y por el contrario ratifica que no se contó con el obligatorio permiso previo del Ministerio de Hacienda. En su lugar la institución insular apenas defendió que dio conocimiento a la Delegación del Gobierno.
Cuando el Tribunal Supremo (TS) este mismo año rechazó las medidas cautelares para que el Cabildo no se viera obligado a desembolsar este dinero de forma inmediata, el consejero insular de Hacienda,Víctor Borrego anunció que en caso de que el fallo del TSJM fuera desfavorable como ha ocurrido, habían llegado a un acuerdo con el Ministerio para intentar paliar el impacto de este desembolso.
Las alternativa pasa por establecer la devolución de una parte de esta deuda, ya que Borrego considera que al menos 75 millones han sido “convalidados” y el resto se establecería un plan para afrontarlo. El consejero se ha reunido en varias ocasiones con representantes del Ministerio quienes se comprometieron a no exigir el cumplimiento de las medidas cautelares hasta conocer la decisión judicial. Pues bien, ésta ha llegado y no ha resultado ser en absoluto favorable para el Cabildo.
Pérez Borrego indicó que este contencioso se origina por un cambio súbito en los criterios que venía aplicando el Gobierno central, dirigido en ese año por Zapatero, que de un día para otro redujo los límites de endeudamiento. Así se pasó de permitir una deuda del 125% sobre los ingresos, a situarla en un 110%, justo cuando se aplicaron también otros recortes como la bajada de los sueldos de los funcionarios. El consjero matizó que este endeudamiento “es perfectamente gestionable” y no hay problemas para afrontar los intereses y amortizaciones dentro de los presupuestos insulares. De hecho, el plan de ajuste aprobado hace algunas fechas por unanimidad recoge los plazos y forma de pagarlos.
El Estado anuló las operaciones financieras realizadas aquel año porque consideraba que se estaban utilizando para refinanciar su propio endeudamiento. El consejero admitió en su día que era cierto, pero matizó que lo hicieron por medio de deuda pública comprada a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). “Esta alternativa ofrece un interés muy bajo aunque el problema es que hay que devolver el dinero en muy poco tiempo, aún así es la vía habitual a la que recurre el Gobierno canario, el Cabildo de Gran Canaria y el de Tenerife”, dijo en su día el consejero.
Algunas voces como el dirigente socialista, Santiago Pérez, anunciaron en aquel entonces que la dimisión del ex presidente del Cabildo, Ricardo Melchior estaba forzada por la deuda inasumible que dejaba a raíz de las operaciones de crédito consertadas para ejecutar las costosas obras que caracterizaron sus mandatos. Pérez advirtió que con una resolución judicial como la emitida ahora, el Partido Popular (PP) se había encontado con “una moneda de oro” para pactar con Coalición Canaria (CC) en el Cabildo.
